La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2009-2018 modificó mediante sentencias la Constitución de la República vigente desde 1983. Estas acciones fueron condenadas y tildadas de prevaricato por el gremio de abogados y organizaciones de la sociedad civil.
Esa Sala estuvo integrada por los magistrados Rodolfo González, Sídney Blanco, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Óscar Armando Pineda Navas, que fueron electos por acuerdos políticos entre los partidos ARENA y FMLN.
Los primeros cuatro magistrados no fueron electos en la Asamblea Legislativa, sino en una reunión en 2009 en Casa Presidencial, en la que participó el entonces presidente de la república, del FMLN, Mauricio Funes; y Alfredo Cristiani, presidente del Coena.
González y Jaime fueron electos a pesar de que no estaban inscritos en las listas de los candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).
La Constitución establece en el artículo 186, inciso segundo, que «la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley».
Esa Sala, cuestionada por su mecanismo de elección, decidió con base en la reinterpretación del artículo 85 de la Constitución y por medio de la sentencia de inconstitucionalidad 61-2009 introducir al espectro político las candidaturas no partidarias, con las cuales cualquier ciudadano optaría al cargo de diputado en la Asamblea Legislativa.
Dicha sentencia fue cuestionada por el gremio de abogados porque el artículo 85 de la Carta Magna dice textualmente que «el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno».
Producto de esa resolución, Leonardo Bonilla ganó una curul para el período 2018-2021 y se convirtió en el primer diputado no partidario. Sin embargo, su trabajo fue ampliamente cuestionado por organizaciones sociales porque generalmente endosaba su respaldo a las propuestas presentadas por los partidos de derecha.
Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron con frecuencia que la Asamblea Legislativa cumpliera su mandato constitucional y destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por violar la Constitución de la República.
Además de contrariar la Carta Magna con la sentencia a favor de las candidaturas no partidarias, la Sala volvió a reinterpretar la Constitución y señaló en la sentencia de inconstitucionalidad 163-2013 que debían transcurrir 10 años para que una persona compitiera nuevamente en las urnas por la presidencia de la república.
Ese criterio jurisprudencial de la reelección presidencial fue ratificado por la Sala de lo Constitucional del período 2018-2027 (ya destituida), pero en septiembre de 2021 fue modificado por la nueva Sala, electa por la Asamblea para el período 2021-2030.
Con base en la resolución de la nueva Sala y el acatamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Nayib Bukele anunció el 15 de septiembre que competirá en 2024 por un segundo mandato.
