El plan de seguridad que ejecuta el presidente Nayib Bukele, desde junio de 2019, convirtió a El Salvador en un país seguro para las mujeres. Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta de que los femicidios fueron reducidos en 96.7 % en lo que va de este 2025 con respecto a las cifras registradas en 2015.
De enero a julio de este año, las autoridades de Seguridad reportan solo nueve casos en todo el territorio, los cuales están resueltos debido a la efectividad fiscal y policial, de acuerdo con la Fiscal Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos vulnerables, Marina de Ortega.
El 2015 está catalogado como el periodo más violento en la historia de El Salvador, al finalizar con 6,656 muertes violentas a escala nacional, de los cuales 274 tuvieron como víctimas a mujeres.
Los años siguientes fueron sangrientos para las féminas, pues en 2016 ocurrieron 256 casos, mientras que en 2017 se incrementaron a 271 feminicidios y para 2018 la violencia acabó con la vida de 232 mujeres.
La situación comenzó a cambiar con la llegada de la administración Bukele, en 2019 se totalizaron 113 feminicidios, es decir, un 51.3 % de reducción con respecto al año anterior cuando gobernaba el expresidente –y ahora prófugo — Salvador Sánchez Cerén.
La implementación del Plan Control Territorial (PCT) comenzó a dar resultados y en 2020 fueron reportados 73 feminicidios y en 2021 hubo 80 casos. A finales de marzo de 2022, el PCT fue reforzado con el régimen de excepción y la estrategia rindió frutos al cerrar con 53 casos; para 2023 la cifra se redujo a 29 y el año pasado se registraron 30 feminicidios.
«Estamos en una constante baja en prácticamente todos los hechos delictivos, y específicamente en los feminicidios. Tanto en la incidencia como en la resolución de casos, hay una mayor efectividad», dijo recientemente la Fiscal Adjunta.
Fiscalía en defensa de las mujeres
Marina de Ortega detalló que una de las estrategias diseñadas desde la llegada del fiscal general, Rodolfo Delgado, fue la creación de la Fiscalía Adjunta, que ella dirige. De igual forma, resaltó la fundación de la Unidad Fiscal Especializada de Investigación del Feminicidio, que es la encargada de la investigación del delito de feminicidios en todo el país.
«La Unidad Fiscal Especializada de Investigación del Feminicidio está conformada por personal idóneo especializado y debidamente capacitado en el abordaje de la investigación del delito de feminicidio, de tal manera que se han obtenido resoluciones favorables al momento de judicializar los casos debido a la calidad en cada uno de los ellos, aplicando técnicas especializadas en la investigación», explicó de Ortega.
La fiscal mencionó que también se creó un protocolo de actuación para la investigación y persecución penal de muertes violentas de mujeres, feminicidios y suicidios feminicidas por inducción o ayuda, el cual es una herramienta valiosa para los fiscales en los procesamientos de escenas de feminicidios y persecución penal de los mismos.
De igual forma indicó que la institución brinda atención de calidad y calidez a víctimas indirectas por medio de equipos multidisciplinarios a escala nacional, potenciando las declaraciones anticipadas por medio de Cámaras Gessell, lo que ha permitido evitar la revictimización al momento de asistir a las personas que han sufrido violencia.
Pandilleros asesinaron a mujer embarazada y a su feto
Una de las últimas condenas por feminicidio fue impuesta a finales de mayo de este año, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Las Mujeres de San Salvador condenó a 60 y 39 años de cárcel a los pandilleros de la Mara Salvatrucha: Jesús Esaú Santamaría Reyes, alias Black y Miguel Eduardo Guevara Rivas, alias el Sospechoso.
Los terroristas estaban implicados en el feminicidio agravado de una mujer embarazada y su feto. El crimen fue cometido el 4 de mayo del 2017, en la Urbanización Montelimar, distrito de Olocuilta, La Paz Oeste.
Según la fiscal del caso, la mujer vivió intimidada varios años por Santamaría Reyes, quien era su pareja y el padre del feto en formación. Por temor a las amenazas de muerte no había logrado dejarlo. En el 2016 el imputado fue detenido por casos de drogas; sin embargo, el pasado sistema de justicia lo dejó en libertad en mayo de 2017.
Al salir de la prisión, Reyes buscó a la mujer y en compañía de Guevara la golpearon brutalmente y la apuñalaron varias veces en todo el cuerpo, hasta causarle la muerte. Los pandilleros sospechaban que la víctima estaba vinculada a un agente policial.
