El fenómeno de las pandillas en El Salvador se gestó desde los años de la guerra civil y tomó fuerza hacia finales de los años noventa cuando muchos adolescentes, pese a sus cortas edades, no tuvieron mayores limitantes para cometer acciones delictivas y en la mayoría de los casos quedaban impunes, lo que los jefes de pandillas utilizaron para sumergirlos en las estructuras terroristas.
De esa manera, el crecimiento de las pandillas fue exponencial y no era raro que niños de 10 o 12 años, o adolescentes de 15 años fueran empleados por pandilleros para cobrar las extorsiones o asesinar a una persona.
De una población de pandillas estimada en 1995 en 6,000 integrantes, mutaron en su quehacer delictivo y crecieron hasta tener cerca de 12,000 integrantes durante los gobiernos de ARENA y se multiplicaron a más de 70,000 en los gobiernos del FMLN, que hasta hizo un pacto con ellos o les facilitó dinero a los jefes de maras en épocas electorales. Una referencia de cómo las leyes facilitaron el arede las pandillas se expone en varios artículos de Ley Penal Juvenil en El Salvador: Un niño o un adolescente (hasta los 16 años) podría asesinar a una persona y solo recibir una pena menor de siete años, cuando la pena para un adulto es hasta de 30 años.
Según esa ley, los menores de edad, de 12 a 18 años pueden ser privados de libertad por los delitos de homicidio, extorsión, privación de libertad, secuestro; por delitos relativos a la libertad sexual y los cometidos por menores que hayan conciliado la misma clase de delitos dolosos, así se establece en el artículo 59.
Por ejemplo, en 2016, Jónathan N., quien ese momento tenía 17 años, fue condenado a 15 años de internamiento, pese a que se le comprobó la comisión de dos delitos: homicidio agravado y organizaciones terroristas. Este adolescente pandillero es uno de tantos que han enfrentado cargos, pero han recibido penas blandas. Actualmente y gracias a las reformas del Código Penal, en el marco del régimen de excepción, solo la pertenencia a las organizaciones terroristas o pandillas implica una pena de 20 años de cárcel.
Pero en la Ley Penal Juvenil se detallaba que «cuando la infracción fuere cometida por un menor, que hubiere cumplido 16 años al momento de su comisión, el Juez podrá ordenar el internamiento hasta por un término cuyos mínimo y máximo serán la mitad de los establecidos como pena de privación de libertad en la legislación penal respecto de cada delito. En ningún caso la medida podrá exceder de siete años».
Según lo anterior, el internamiento para un adolescente que había cometido un crimen sería «por el menor tiempo posible». Sin embargo, desde marzo pasado estas regulaciones cambiaron. La actual legislatura hizo reformas que permitirán juzgar a los menores pandilleros con penas de adultos.
Los cambios en la normativa permiten que un menor de 12 años reciba 10 años de cárcel y los que hayan cumplido 16 años sean condenados hasta con 20 años de prisión, si se les comprueba su participación en estructuras delictivas o por cometer asesinato, extorsión u otros delitos graves. También se incluyó la prisión para los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los contemplados en la Ley reguladora de actividades relativas a las drogas, cometidos por integrantes de estructuras terroristas.
Las autoridades han argumentado que con estas reformas pretenden enviar un mensaje a los niños y adolescentes y sus padres para que tomen decisiones consecuentes.
La diputada de Nuevas Ideas Rebeca Santos justificó estos cambios al explicar que hay niños de estas edades que están entrenados para asesinar, por lo cual es necesario imponer sanciones más fuertes para disuadir estas conductas delictivas, con el fin de garantizar los derechos humanos de la población que es golpeada por el flagelo de la violencia.
Cientos de menores capturados en flagrancia
Según los datos de la Fiscalía General de la República, entre 2014 y 2018 fueron detenidos en flagrancia y por órdenes administrativas por el delito de homicidio 450 menores de 18 años.
Analistas y las autoridades actuales han dicho que las pandillas no se enfrentaron adecuadamente cuando era aún tiempo de evitar que se expandieran. Por el contrario, fueron favorecidas con leyes, incluso se hizo un pacto para beneficiarlos a cambios de votos, esto en los gobiernos de ARENA y del FMLN, entre 1999 y junio de 2019.
«Los gobiernos anteriores negociaron, pactaron y financiaron a las pandillas. Actualmente, no existe ningún tipo de privilegio para estos grupos. La herencia que recibimos del país en materia de seguridad hemos tenido la capacidad de transformarla y revertir las tasas de impunidad, como Estado tenemos muy claro que no vamos a tolerar ningún delito», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Desde marzo, cuando se inició el régimen de excepción, las autoridades han detenido a más de 53,200 pandilleros a escala nacional.
Entre los arrestados hay jefes criminales y cabecillas, entre otros. A estos grupos las autoridades les han decomisado armas, droga y dinero en efectivo. Hasta mayo de este año, Seguridad registró que un millar de adolescentes de entre 12 y 17 años ha sido detenido durante el régimen especial.
