Con la entrada en vigor de la ley Crecer Juntos, se establece la obligación de crear centros de atención a la primera in­fancia (CAPI) en todo el país, tanto en el sector privado como público. De acuerdo con la directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, un CAPI será un establecimiento destina­do a implementar la «vía institucional» del modelo de atención integral para la primera infancia y a promover un cui­dado cariñoso y sensible con atención de calidad, con el propósito de favorecer el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y so­cial de todos los niños.

«En los CAPI se brindan servicios de atención y cuidado, estimulación tem­prana, monitoreo del crecimiento y del desarrollo y otros servicios que contri­buyen al desarrollo integral de los niños. Ofrecen espacios individuales y colecti­vos, así como estándares de protección y seguridad», explicó Amaya a «Diario El Salvador».

El Conapina será el ente rector de autorizar el funcionamiento de los CAPI. Para esto, las instituciones deberán cum­plir una serie de requisitos sanitarios y de seguridad que autorizarán el Minis­terio de Salud (Minsal) y el Cuerpo de Bomberos; así también requerimientos técnicos y pedagógicos que el Ministerio de Educación (Mined) aprobará.

Foto: Diario El Salvador.

Las instituciones llenarán una soli­citud y contarán con la calificación del lugar mediante un documento que emi­tirá la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opam­ss), el Ministerio de Vivienda, alcaldías, Adescos o la Asociación de Municipios de los Nonualcos.

Al obtener la aprobación, el Conapi­na emitirá un certificado de autorización. Amaya informó que crearán una plata­forma para registrar los nombres de los CAPI autorizados. Dicha plataforma será de acceso público para que padres, cui­dadores, instituciones y organizaciones tengan la certeza de cuáles son los cen­tros debidamente autorizados.

«El Conapina otorga el permiso y verifica que los requisitos se cumplan. El Instituto Crecer Juntos se encarga de la supervisión técnica. El permiso ten­drá vigencia por tres años. El Conapina creará una plataforma para que los pa­dres, las empresas y las ONG conozcan los CAPI autorizados. Eso es seguridad para que los padres sepan que los niños están recibiendo cuidados con calidad», explicó Amaya.

Los CAPI pueden ser públicos, priva­dos o de origen patronal. Los públicos se­rán administrados por el Estado a través del Instituto Crecer Juntos o las munici­palidades y ofrecerán sus servicios gratis y prioritarios a niños, incluyendo a los hijos de los trabajadores no cubiertos bajo la obligación patronal del artículo 136 de la ley Crecer Juntos.

Por su parte, los privados serán ges­tionados por prestadores de servicios in­dependientes. Podrán brindar atenciones a niños desde los 45 días de vida y exten­derlas hasta cumplir siete años. Sus ser­vicios los podrán contratar instituciones públicas, privadas o autónomas para el cumplimiento de la obligación patronal o por la población en general que desee optar por sus servicios.

Los patronales serán gestionados por instituciones públicas, privadas y autónomas en cumplimiento de la obli­gación patronal establecida por la ley Crecer Juntos. Brindarán sus servicios los hijos de trabajadores desde que finaliza la licencia por maternidad hasta cumplir cuatro años.

Foto: Diario EL Salvador.

De acuerdo con Amaya, el estable­cimiento de los CAPI también permitirá darles seguimiento a los derechos educa­tivos de los niños, pues desde la creación del Número Único de Identidad (NUI), a los menores inscritos en los CAPI se les dará seguimiento cuando ingresen al sis­tema educativo.

«Se les podrá seguir la trazabilidad cuando salga del CAPI y sabremos si el niño pasó a la siguiente etapa, que es la parvularia. Se le facilita al Conapina ve­rificar que el derecho a la educación está debidamente respetado y cumplido por las instituciones», destacó la directora.

La jornada de los CAPI tendrá una duración de ocho a 10 horas del día, y no estarán habilitados los fines de semana ni en horarios nocturnos, ya que según las autoridades no se trata de «una guar­dería» y tampoco buscan sustituir el rol y la responsabilidad de los padres.

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