El recientemente nombrado magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ángel Pérez, aseguró esta mañana que el problema de los exmagistrados de la institución fue que no fundamentaron su trabajo en salvaguardar el bien jurídico más preciado: la vida. Además, los acusó de responder únicamente a intereses de grupos de poder.
Para el magistrado Pérez, la anterior Sala de lo Constitucional no supo entender que durante el punto más crítico de la pandemia por la COVID-19 en El Salvador lo más importante era guardar la vida de los salvadoreños y no concentrarse únicamente en los intereses económicos. De igual manera, dijo que la meta de los nuevos magistrados debe ser garantizar los derechos a la vida y la salud.
«Debemos garantizar el cumplimiento de los derechos que están comprendidos en la Constitución, como la vida y la salud. Los exmagistrados pusieron en riesgo la vida de los salvadoreños y el Órgano de Estado competente procedió a destituirlos. El Salvador necesitaba esas medidas de protección a la pandemia, para proteger el bien jurídico esencial de la vida», comentó el magistrado.
«Esa situación crítica no puede ignorarla un juez de la Constitución. Lo que debe primar es la vida. Es triste que un juez de la Constitución no tenga capacidad de leer que está poniendo en riesgo la vida (de las personas). Se comenzaron a hacer enjuiciamientos de una realidad que era palpable en nuestra sociedad. Seguimos viendo personas que mueren de COVID-19. En muchos casos se pusieron barreras al Órgano Ejecutivo», agregó.
Para el magistrado, esta fue la razón fundamental que motivó a la nueva Asamblea Legislativa a aprobar una destitución de los exmagistrados el pasado 1 de mayo, durante el desarrollo de la primera sesión plenaria de la actual legislatura. Esta decisión, explicó el magistrado, está apegada a la ley aunque no sea del agrado de algunos sectores de la sociedad.
«Las acciones desarrolladas por la nueva Asamblea no van a satisfacer a todas las corrientes de pensamiento. El artículo 186 de la Constitución faculta y da legalidad a las destituciones realizadas por los diputados. No me cabe la menor duda de que el país tendrá grandes cambios que generarán el progreso de la población salvadoreña», dijo. «Hay momentos en una nación en que hay que adoptarse medidas para salvaguardar el bien jurídico que es la vida. Tengo una firme convicción que este país unido puede progresar. Si nos apegamos a la Constitución y cumplimiento de los fines en la práctica. La eficacia de la norma es lo que tiene que buscarse siempre», agregó.
