Por décadas los grupos terroristas dedicados a la extorsión mantuvieron en zozobra a pequeños y grandes comerciantes, transportistas y población en general que, bajo amenazas de muerte, eran obligados a entregar diferentes montos de dinero a las maras ante la mirada pasiva de gobiernos anteriores.
Desde que el actual gobierno comenzó a implementar la estrategia de seguridad para combatir a las pandillas, el trabajo conjunto desarrollado por la Policía y la Fiscalía ha dejado como resultado que, al menos, 179 extorsionistas fueran condenados hasta con 1,420 años de cárcel.
Según datos fiscales, estas sentencias fueron emitidas por diferentes tribunales entre el 3 de mayo y el 9 de agosto de este año. Los montos exigidos por los chantajistas van desde los $25 mensuales hasta $10,000 en una sola entrega.
La mayor condena impuesta fue de 1,420 para Ángel Geovany Guzmán González acusado de siete homicidios, 37 casos de extorsión y 25 casos en los que planificó y conspiró para asesinar, entre sus víctimas están nueve soldados.
La estructura criminal de la que formó parte Guzmán González exigió a una víctima $10,000 en una sola entrega para pagar un abogado que defendiera a los pandilleros que habían sido capturados.
En otro hecho, fue reportada la condena de Víctor Manuel Domínguez Portillo, a 159 años de prisión, tras comprobarse que exigía a nombre de la Mara Salvatrucha entre $30 a $800 semanales a un comerciante de San Miguel.
El 7 de junio, 12 extranjeros (seis hondureños, tres guatemaltecos y tres nicaragüenses) les fue dictaminado penas de entre 20 a 180 años de prisión por formar parte de una estructura transnacional dedicada a la extorsión.
Las investigaciones determinaron que estos criminales llamaban por teléfono desde Honduras para exigir a sus víctimas $100 mensuales y hasta $10,000 en una sola entrega.
En otro caso, Óscar Francisco Ortiz López fue sentenciado a 243 años de cárcel por múltiples crímenes, entre estos, 12 casos de extorsión agravada. Este delincuente mantenía amenazados a comerciantes de San Miguel a cambio de dejarlos trabajar en paz para lo cual exigía $30 a $150 mensuales. Además, avisaba a otros mareros acerca de los «insolventes».
Por su parte, Wendy Liseth Ascencio deberá permanecer 10 años en la cárcel tras comprobarse que exigía $25 mensuales a comerciantes de Morazán. Una de las víctimas se cansó de estar pagando extorsión y denunció ante las autoridades a la delincuente.
