Cinco miembros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a penas de entre 30 a 50 años de prisión por extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y robo agravado en perjuicio de siete víctimas. Los crímenes fueron cometidos entre el 2020 y 2021, en el distrito de San Ildefonso, de San Vicente Norte.
Las penas fueron impuestas al final del juicio por el Tribunal de Sentencia de San Vicente.
El reporte fiscal detalla que las víctimas eran interceptadas por el grupo de mareros en la calle, amenazadas en sus viviendas o mientras realizaban sus tareas agrícolas o cuidaban su ganado. Los delincuentes les exigían dinero para poder circular o salir de sus cantones, y a algunos los extorsionaban a través de llamadas telefónicas.
La investigación reveló que, si no cumplían con el pago en efectivo, les advertían que abandonaran sus casas o los matarían; varios por temor emigraron de sus hogares.
Los terroristas amedrentaban con armas de fuego a los pobladores que procedían, en su mayoría, del caserío Los Almendros del cantón San Pablo Cañales y del caserío El Limón del cantón Las Lajas y Canoas del distrito de San Ildefonso.
Por su participación en las acciones criminales, los pandilleros recibieron diferentes condenas. Entre ellos, Luis Enrique Baires Ruiz, que tiene calidad de reo presente, estará en la cárcel sus próximos 50 años, por un caso de extorsión agravada (20 años) y tres de limitación ilegal a la libre circulación (10 años por cada víctima).
También, David Alfonso Rodríguez Veliz pasará tras las rejas de una prisión 40 años: 20 años por extorsión agravada, quien además deberá pagar $1,400.00 en concepto de responsabilidad civil, y se le sumaron otros 20 años por dos casos de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Mientras que en calidad de reos ausentes sentenciaron a otros tres mareros como Nelson Genaro Cornejo Gómez, quien fue condenado a un total de 40 años, (30 años corresponden a tres víctimas de limitación ilegal a la libre circulación -10 años por cada una- y 10 años más por robo agravado.
También José Erasmo Beltrán Amaya ha sido sentenciado a 30 años de cárcel por tres casos de limitación ilegal a la libre circulación (10 años por cada víctima). Alexander Cruz Rivas recibió una pena de 20 años por el delito de extorsión agravada.
