La Asamblea Legislativa 2018-2021 ha llegado a su final dejando enormes deudas y vacíos en su trabajo para la población salvadoreña. Sin embargo, según el criminólogo y experto en seguridad, Ricardo Sosa, la mayor de todas esas deudas es la falta de aprobación de fondos para el Plan Control Territorial, una negativa que, para Sosa, fue el pilar en el que la Asamblea saliente fundamentó su postura como oposición política del presidente de la República, Nayib Bukele.
Pero, para Sosa, esta legislatura saliente también se caracterizará por contar con uno de los «peores presidentes del Órgano Legislativo en la historia de El Salvador», representado en la figura del diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce. Para el criminólogo, Ponce no fue el verdadero presidente del Legislativo, sino que sirvió como «títere» de grupos de poder o del bloque conformado por los partidos ARENA, FMLN y PDC.
Para Sosa, con la salida de la Asamblea Legislativa presidida por Ponce se cierra un ciclo oscuro para el Órgano Legislativo, donde se dejó en evidencia la falta de un compromiso de los legisladores con el pueblo salvadoreño y una marcada oposición contra todos los planes del Gobierno del presidente Nayib Bukele, sobre todo, contra el Plan Control Territorial, a pesar de los evidentes resultados positivos que esta estrategia ha dejado en El Salvador.
Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Legislativa?
El trabajo de la Asamblea 2018-2021 hay que dividirlo en dos etapas: la administración de Norman Quijano y la de Mario Ponce. Ambas han sido muy lamentables y dejan una serie de trabajos de legislación pendientes. Muchos de estos proyectos ni siquiera fueron abordados y, con esto, no afectaron al presidente Nayib Bukele, sino que afectaron a la población, a los más necesitados. Es una legislatura que queda en deuda y que pasa a la historia como una de las legislaturas de menor producción de trabajo de calidad legislativa y un ausentismo permanente en las comisiones.
¿Cuáles serían las deudas que deja esta legislatura saliente?
En Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa deja profundas deudas. No solo son aspectos de propuestas legislativas que no fueron consideradas, sino por su negatividad al financiamiento del Plan Control Territorial. A pesar que dos ministros de Hacienda, un ministro de Justicia, el director de la cooperación policial, el ministro de la Defensa Nacional, el director de Reconstrucción de Tejido Social y otros funcionarios llegaron a brindar explicaciones sobre partidas presupuestarias y toda la estrategia del Plan Control Territorial, la negatividad de la Asamblea se convirtió en el principal pilar de la oposición política al negar los fondos y, con ello, negarle la seguridad a la población.
¿A qué se debió esa negatividad a la aprobación de los fondos del Plan Control Territorial?
La estrategia de la oposición fue negar los fondos del Plan Control Territorial porque ellos, en su lógica, pensaron que si no había financiamiento no disminuirían los homicidios ni los delitos de alto impacto y esto les daría material para atacar al presidente Nayib Bukele y al gabinete de Seguridad, lo que podría generarles réditos políticos. Pero esto fue un mal cálculo, porque los resultados nos demostraron que, en los primeros siete meses de la administración del presidente Bukele, hubo una disminución considerable de todos los delitos y, al cierre de 2020, previo a las elecciones, todos los delitos se encontraron a la baja. Sin un dólar y sin financiamiento del legislativo, el gabinete de Seguridad del presidente Bukele se encargó, con resultados, de taparle la boca a la Asamblea y demostrar que había talento para ejecutar el Plan Control Territorial.
La Asamblea no solo se limitó a negar los fondos del Plan Control Territorial, sino que también se interpeló a miembros del gabinete de Seguridad. ¿A qué se debió esto?
Poco a poco, semana tras semana, mes tras meses, los indicadores demostraban que el Plan Control Territorial estaba dejando resultados evidentes. Por medio de las diferentes estrategias, ellos (la Asamblea) sentían que no podían encontrar la manera de atacar la estrategia. Cambiaron su visión y las miras de la oposición fueron enfocadas hacia los funcionarios. Pusieron en el objetivo al ministro de la Defensa Nacional, al señor director general de la corporación policial y, de alguna manera, al exministro de Justicia y Seguridad. La persona más atacada ha sido el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, el estratega, el operativo, el que ha dirigido la corporación policial y que, hasta la fecha, se convierte en el director más exitoso de la Policía Nacional Civil (PNC).
La oposición política, al no poder atacar con argumentos al presidente, deciden centrar sus ataques a funcionarios. Esto se les revierte y les pasa factura. La interpelación al comisionado Arriaza Chicas se configuró en el mayor ridículo que hizo la oposición. Se les dijo por diferentes medios el porqué no procedía. A pesar de eso, continuaron y tuvieron que llegar a sede judicial para ser avergonzados.
Estas interpelaciones a ministros tuvieron lugar, sobre todo, durante la presidencia de Mario Ponce en el Legislativo. ¿Cómo evalúa la gestión de Ponce al frente de ese Órgano de Estado?
Mario Ponce pasará a la historia como el peor presidente en la historia del Órgano Legislativo en la República. Así de contundente. La última sesión plenaria fue la culminación de todo este desastre de dirección política y estratégica que no pudo desarrollar. Vimos en las últimas cuatro o seis sesiones plenarias a Ponce implorar la presencia de diputadas y diputados. Vimos cómo, cuando él hablaba, los legisladores estaban con los celulares o las tabletas o hablando entre ellos. Ponce no tuvo olfato político, no tuvo lectura política de cómo el presidente Nayib Bukele lo recibe en Casa Presidencial y le rinde honores, enviándole un mensaje de apertura al diálogo para poder buscar entendimientos. Pero él fue torpe. No lo pudo leer. No tuvo la capacidad de administrar correctamente el Órgano Legislativo. Ponce pasa a la irrelevancia y habrá que esperar que decisiones se toman a nivel del Estado salvadoreño para poder procesarlo o perseguirlo por posibles delitos que cometió en su administración.
¿Cuáles son esos delitos?
Tanto Norman Quijano, como Mario Ponce y sus juntas directivas, de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Legislativa vigente, tienen la responsabilidad de todas las decisiones administrativas. El reglamento establece que el presidente de la Asamblea tiene la representación legal, pero vía acuerdos de Junta Directiva. Esa será parte de la posible investigación, si es que se considera conveniente, porque hay una serie de actuaciones que, en el caso de Ponce, quiere responsabilizar a los partidos políticos, cuando él es el único responsable de firmar los contratos, igual que el presidente anterior, Norman Quijano. También son los responsables de administrar toda la plantilla de personal legislativo. Con la investigación que está en curso, serán ambos presidentes y sus Juntas Directivas las que deberán responder porque ya existe un proceso de investigación que sigue la Fiscalía en el caso que se ha denominado plazas fantasmas.
¿Considera que todas las decisiones que se han criticado a ambas presidencias de la Asamblea Legislativa fueron tomadas por ellos mismos o impulsados por otras voces?
Fue lamentable el papel de Ponce. Fue un títere de rostros visibles y ocultos. En la Asamblea Legislativa no mandó nunca Mario Ponce. Quienes mandaron fue la verdadera oposición política encabezada por ARENA, FMLN y PDC. Ponce no se puede vestir con un manto de pureza ni presumir de haber hecho las cosas de manera correcta, cuando sus mismos compañeros legisladores lo dejaron avergonzado, lo hicieron quedar en ridículo y, además, él se autoincriminó, él generó conferencias de prensa, que están grabadas, donde se autoincrimina y hace un detalle de cuáles eran las posibles figuras delictivas que se estaban desarrollando y ejecutando en su administración y cómo él recibió su período de 18 meses.
Cerrada esta legislatura, ¿qué retos tiene la nueva Asamblea Legislativa en materia de Seguridad Pública?
La Asamblea entrante tiene muchos retos en materia de Seguridad Pública y Ciudadana y de Defensa Nacional. El principal reto es desentrampar todo lo que tiene que ver con el financiamiento del Plan Control Territorial. Ahí van a encontrar situaciones donde haya que dar autorización al gobierno para buscar posibles fuentes de financiamiento. No se pueden estar retrasando más en este financiamiento porque los resultados son evidentes, son innegables, son irrefutables con una clara tendencia a la baja. Se necesitan los recursos para las fases 2 y 3.
