Un nuevo capítulo en la historia política de El Salvador se escribió desde el Órgano Legislativo durante el periodo 2021-2024, con la aprobación de 1,006 decretos que tuvieron los votos de los diputados de Nuevas Ideas y partidos aliados. La gran mayoría de los decretos no fueron apoyados por los legisladores del FMLN -que actualmente no tiene diputados-, de ARENA – que solo obtuvo dos curules en las elecciones anteriores- ni Vamos -con su única diputada reelegida, Claudia Ortiz-.
De acuerdo con el sociólogo y analista político René Martínez, «la legislatura 2021-2024 (con la mayoría calificada cian) puede considerarse como la más productiva en la historia política del país desde el punto de vista cualitativo».
Los datos publicados en la página web de la Asamblea Legislativa, hasta el 30 de abril de 2024, revelan que los diputados que recién finalizaron su periodo de trabajo, superaron la cantidad de decretos autorizados en períodos anteriores.
La legislatura 2018-2021 concluyó con 968 decretos autorizados; mientras que en el periodo 2015-2018 se aprobaron 967; es decir, que en cada periodo se avalaron cerca de 40 decretos menos respecto a la recién saliente Asamblea Legislativa.
Pero a juicio de Martínez, «más allá de que la legislatura anterior cerró su período con más de 1,000 decretos aprobados, lo relevante es la naturaleza e intencionalidad de dichos decretos».
Considera que fueron decretos que mejoraron la institucionalidad del país, incluyendo los de la «destitución de funcionarios corruptos que le estaban haciendo daño al país».
La seguridad fue otra área que priorizó la legislatura pasado, dando el aval con el propósito de financiar el Plan Control Territorial o para aprobar el régimen de excepción y sus respectivas prórrogas.
Esos cuerpos de ley fueron herramientas esenciales para que las instituciones de seguridad, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, pudieran capturar a más de 80,000 pandilleros que mantenían en zozobra a la población que era víctima de extorsiones, robos, asesinatos, entre otros delitos.
Con relación a la guerra contra la corrupción e impunidad, Martínez considera que «el decreto más importante, y que se puede considerar como un legado, es haber impulsado la reforma a partir de la cual los delitos de corrupción no prescriben».
Una vez entró en vigencia fue posible que las instituciones del Estado iniciaran las investigaciones en contra de exfuncionarios señalados de corrupción, entre esos está el caso del expresidente de la república por Arena, Alfredo Félix Cristiani Burkard, quien fue procesado por enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, «los diputados realizaron un gran aporte al país aprobando decretos estratégicos enfocados en brindar gobernabilidad, porque acompañaron las iniciativas del poder Ejecutivo», destacó Martínez.
El académico destaca que con su trabajo la legislatura pasada «creó un poder del Estado que por primera vez goza de la credibilidad y confianza de la población salvadoreña, y a nivel de la historia es la primera legislatura que realmente tiene la aprobación de la ciudadanía».
Con ese punto de vista concuerda el analista político Mauricio Rodríguez, quien señala que al brindar gobernabilidad al Ejecutivo «se elevó la imagen que la población tiene de la Asamblea Legislativa. Los diputados de las legislaturas anteriores tenían una aprobación [popular] raquítica», debido a que las decisiones en el pleno eran negociadas con «maletines negros» (sobornos).
La opinión de la población sobre el congreso mejoró de debido a que «los decretos aprobados estuvieron en función de modernizar el sistema político salvadoreño para hacerlo entrar en el siglo XXI, y ese es un precedente de la nueva relación entre ciudadanía, gobierno y Estado», explicó Martínez.
Otras particularidades
La legislatura 2021-2024 también será recordada por aspectos particulares e importantes, que generaron un impacto en la población, como el hecho que rompió con las cuotas de poder que tenían los partidos tradicionales y algunos diputados debido a la correlación de fuerzas políticas.
Fue la primera legislatura en la que un solo partido, Nuevas Ideas, contaba con la correlación de 56 diputados; es decir, los votos necesarios para aprobar decretos con mayoría calificada durante las sesiones plenarias.
Por otra parte, fue una legislatura que inició y finalizó el periodo de trabajo con mucha fuerza, con la aprobación de decretos con mucho impacto.
El primer decreto avalado está relacionado con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general de la república; mientras que en la última sesión plenaria los parlamentarios autorizaron la modificación del inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República, en el sentido que las reformas constitucionales puedan ser aprobadas y ratificadas en el mismo período legislativo.
Desde la sesión de instalación de esa legislatura se vislumbró un modelo de trabajo diferente, debido a que los diputados acordaron modificar la conformación de la Junta Directiva, con la reducción de sus miembros de 13 a ocho, número que se mantiene.
