El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, condenó a 15 años de cárcel a tres altos mandos militares, ya retirados, por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en una emboscada perpetrada el 17 de marzo de 1982.
Este es el primer juicio que se hace con jurado por crímenes de guerra.
Los condenados son el exministro de la Defensa, José Guillermo García, de 91 años; el exdirector de la desaparecida Policía de Hacienda, Francisco Morán (93); y Mario Adalberto Reyes Mena (85), excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.
De acuerdo con la investigación, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 en La Lomona, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango.
Según consta en el expediente, los periodistas iban acompañados de miembros del FMLN quienes los guiaban hacia un campamento guerrillero dónde harían un reportaje ya que trabajaban para la televisora neerlandesa «Ikon TV», un canal de Países Bajos creado por varias iglesias.
Recientemente, Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk ter Laag, dijo que esperaba que se hiciera justicia en este caso que la afectó a lo largo de su vida.
«Está en sus manos, como tribunal, dictar la sentencia y decidir la condena. Para mí y para mis seres queridos lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?», manifestó, Saskia ter Laag, en esa oportunidad.
El proceso judicial por los asesinatos fue reabierto en 2018 después de que, en 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que perdonó los crímenes de guerra civil para librar de culpas a militares y exguerrilleros implicados en asesinatos y desapariciones a lo largo de 12 años.
En 1993 la Comisión de la Verdad, creada por la ONU, concluyó que la muerte de los periodistas «fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad» por el coronel Reyes con «el conocimiento de otros oficiales».
Como medida de reparación, el ex ministro de defensa debe pedir perdón en acto publico a los afectados.
