Exfuncionarios corruptos y mafiosos, narcotraficantes, lavadores de dinero, contrabandistas, traficantes de personas, pandilleros y otros integrantes de estructuras de crimen organizado que amasaron diversas fortunas producto de sus actividades delictivas nacionales y transnacionales han perdido millones de dólares en los últimos10 años con la aplicación de la ley de extinción de dominio en El Salvador.
Esa normativa comenzó a implementarse el 28 de junio de 2014 y desde ese día el juzgado especializado en esa materia comenzó a recibir expedientes a la Fiscalía General de la República para despojar de bienes, inmuebles y dinero en efectivo obtenidos ilícitamente.
La Ley Especializada de Extinción de Dominio es autónoma, totalmente diferente al derecho penal, y va específicamente sobre el patrimonio, no sobre la persona, como ocurre en los procesos penales.
Básicamente es una herramienta legal que en la última década ha perseguido los bienes provenientes de delitos en los que las personas no han podido justificar su tenencia.
La normativa es incluso de carácter retroactivo, ya que ha tocado el patrimonio de exfuncionarios que 35 años atrás estuvieron en el poder. Uno de ellos es el expresidente prófugo Alfredo Félix Cristiani Burkard.
A sede judicial la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República ha llevado cinco procesos para despojar de bienes adquiridos ilícitamente por exmandatarios salvadoreños.
Entre 2017 y 2023, además de Cristiani Burkard, el juzgado recibió los expedientes en contra de los bienes de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Entre los cinco acumularon $34,759,070.52 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias.
En los procesos iniciados los fiscales han sostenido que en El Salvador, al igual que en otros países, mucha gente ha hecho sus fortunas de actividades ilícitas, y a exfuncionarios e integrantes de estructuras delictivas les han incautado grandes mansiones y lujosos vehículos.
Pero las autoridades no se han quedado solo con esos procesos iniciados: «En la mira están personas que de la noche a la mañana han aparecido con lujosas residencias y grandes cantidades de vehículos, no trabajan, no aparecen con registros en Hacienda, pero viven como millonarios en remotos lugares. Cuando uno pasa enfrente de esas casonas se queda sorprendido. Ni con remesas se puede levantar algo así», dijo un oficial que trabaja con fiscales de extinción de dominio.
En los casos investigados y llevados al Juzgado en Extinción de Dominio se ha evidenciado que bienes e inmuebles fueron traspasados a parientes y amigos más cercanos.
Pero esa estrategia no ha funcionado porque la ley va más allá y no se queda con el titular de los bienes, sino que esta normativa indaga todo lo que está a nombre de otra persona y se encuentra el mecanismo que siguió para adquirirlo.
Aunque fiscales expertos en el tema ya han manifestado en los procesos que también se está frente a una ley garantista, que determina el derecho de tercero de buena fe exento de culpa; es decir, debe demostrar que nunca tuvo conocimiento de que ese bien adquirido era ilícito y debe probar la buena fe ante el juez.
