En el 2012, cuando la plataforma de WhatsApp se popularizó, la Mara Salvatrucha comenzó a utilizarla y creo un grupo para compartir las fotos de las víctimas que iban a desaparecer, extorsionar y asesinar.
El material tras ser revisado por los 22 ranfleros históricos, ordenaban a los corredores quienes tenían el control de las clicas [estructuras territoriales] ejecutar los hechos.
Los jefes de las clicas ordenaban a los gatilleros asesinar; en el caso de las extorsiones, eran los homeboys [pandilleros activos y experimentados] los que se encargaban de realizar las llamadas telefónicas para amenazar a las víctimas y recolectar el dinero.
En la MS había observadores o postes, que era el nivel más bajo en la escala jerárquica de la organización terrorista, pero eran los que tenían la función de fotografiar y vigilar a las víctimas y las empresas que serían extorsionadas.
En la cuarta y quinta jornada han declarado dos peritos de la División Élite contra el Crimen Organizado, quienes han corroborado la tesis fiscal de que ningún hecho se podía cometer en cualquier parte del territorio salvadoreño, sin el aval de la cúpula de la Mara Salvatrucha.
Los analistas han expuesto al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado la forma en la que se comunicaba los pandilleros desde el nivel más alto hasta el más bajo en la escala jerárquica.
«Ha quedado claro la forma en la cual bajaban las órdenes por parte de los ranfleros y corredores de programas hacia los demás miembros de la Mara Salvatrucha, a efecto de ejecutar una serie de hechos delictivos», sostuvo uno de los fiscales del caso.
Según el ministerio público, al juez se le ha logrado probar que cada uno de los crímenes de la Mara Salvatrucha se hicieron con la autorización de la ranfla histórica recluidos en diferentes penales y cabecillas que estaban en libertad, cada uno de los hechos era de obligatorio cumplimiento en cada una de las clicas que delinquían en todo el país.
