La Asamblea Legislativa autorizó ayer al Órgano Ejecutivo a negociar la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $500 millones que serán destinados para fortalecer la estabilidad macroeconómica, asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la integridad y la estabilidad financiera de El Salvador.
La autorización para negociar el crédito denominado Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal de El Salvador contó con los votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, así como Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de ARENA, votaron el contra.
El BID informó en su oportunidad que el empréstito denominado «como préstamo especial de desarrollo, ofrecerá apoyo presupuestario mientras El Salvador implementa reformas estructurales tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero para restaurar la sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento y la resiliencia».
El préstamo especial de desarrollo ofrecerá apoyo presupuestario, mientras El Salvador implementa reformas estructurales luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Estado salvadoreño logró en febrero pasado.
La Asamblea Legislativa ahora solo espera que el Ejecutivo le envíe la solicitud pidiendo la ratificación del crédito para proceder a sus respectiva votación en el desarrollo de sus plenarias.
El organismo financiero internacional también explicó que el crédito dará a El Salvador el espacio fiscal para avanzar en reformas que aumenten los ingresos fiscales, reduzcan la deuda pública, reconstruyan las reservas internacionales y mejoren la gobernanza y la integridad financiera.
«Esta más reciente operación del BID es parte de una serie de iniciativas aprobadas desde 2016 para apoyar las reformas de políticas públicas y el fortalecimiento institucional en El Salvador», indicó el BID en aquella ocasión. Y luego agregó: «Estas iniciativas incluyen proyectos para mejorar la administración tributaria y aduanera y medidas para mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19».
El FMI aprobó en febrero pasado un programa de 40 meses por $1,400 millones para El Salvador, el cual se ejecutará bajo el mecanismo de Servicio Ampliado (SAF) del organismo y que permitió al país recibir un desembolso inmediato de cerca de $113 millones.
El acuerdo entre Gobierno con el FMI también permite a otros organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), otorgar fondos a El Salvador para hacer un paquete total de financiamiento de $3,500 millones durante el período que dure programa.
