La ley de creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), nueva entidad encargada de regular las actividades económicas de la pesca, acuicultura y conexas, fue aprobada ayer en la sesión plenaria ordinaria 95 de la Asamblea Legislativa.
Operará bajo el modelo de desarrollo denominado economía azul, vinculado a la regulación de las actividades para el aprovechamiento de océanos, mares, ríos y zonas costeras sin destruirlos.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica: «Una economía azul sostenible genera múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos e impulsa el desarrollo sostenible… Con un valor económico anual estimado en $2.5 billones, la economía azul equivale a la séptima economía más grande del mundo».
Al aprobar la ley de la ASEA se busca en El Salvador garantizar la seguridad alimentaria y nutrición, el crecimiento económico y el uso racional de los recursos hidrobiológicos, según plantea la iniciativa del Ejecutivo presentada por el Ministerio de Economía.
Para crear esta normativa, que recibió 56 votos, los legisladores consideraron la necesidad de realizar una actualización de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura, creada en diciembre de 2001.
En la legislación se consideran nuevos criterios de ordenación, de desarrollo sostenible y responsable en el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, para adaptarse a los cambios tecnológicos, fomentar la innovación y la competencia de acuerdo con las políticas nacionales y principios internacionales.
«Este día es muy especial para el sector pesquero del país, se está reconociendo que es muy importante que se cree una nueva autoridad», manifestó el presidente de la comisión de salud, agricultura y medioambiente del congreso, Ricardo Rivas.
La ASEA se constituye como una institución autónoma, adscrita a Economía, con patrimonio propio, que ejercerá la rectoría encargada de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y actividades conexas.
Asumirá las obligaciones que tenía el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca). Para ello, la ley contiene un apartado relacionado con la creación de una comisión. Esta última garantizará la transición institucional, y estará conformada por tres representantes de esa cartera de Estado y tres de la autoridad, que tendrán funciones durante 90 días a partir de la entrada en vigor de la normativa y será la responsable de coordinar y gestionar la transferencia de bienes de Cendepesca.
Algunas de las atribuciones que tendrá son garantizar el cumplimiento de la ley, así como de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, sus políticas, reglamentos y demás leyes vinculadas.
Además, la ASEA se encargará de planificar y ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo de la ciencia y tecnología e innovación en la pesca, acuicultura y actividades conexas, así como del turismo acuático marino y continental.
El diputado Rivas señaló ayer en la plenaria que en el país se produce más de un millón de quintales de tilapia anual y casi el 80 % se exporta.
«Hay más de 5,000 acuicultores, más de 30,000 pescadores en mar abierto que se verán beneficiados con la creación de la ASEA», afirmó.
La autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector a través del fortalecimiento de la cadena de valor, el acceso a los mercados, la innovación en la transferencia de tecnología, así como el mejoramiento de servicios pesqueros y demás rubros, potenciando la producción nacional.
Rivas destacó que este sector permaneció por mucho tiempo abandonado, pero con el nuevo marco legal «el país avanzará bastante, se generará empleo y se dinamizará la economía de las familias que dependen de este rubro».
La ley entrará en vigor 60 días después de su publicación en el «Diario Oficial».
