Con el objetivo de promover y proteger la innovación y la creatividad de los salvadoreños, los diputados de la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno se mostraron a favor de crear la nueva ley de propiedad intelectual.
Durante la sesión de trabajo, los parlamentarios emitieron un dictamen a favor de la iniciativa que, además, busca facilitar la difusión de la información, el conocimiento, la tecnología, la cultura y las artes.
Los diputados estudiaron cada uno de los 340 artículos que integran dicha ley, con la cual sustituirán la normativa actual, vigente hace 30 años.
Para obtener insumos técnicos, los diputados invitaron a la mesa de trabajo al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, y al director de Propiedad Intelectual, Salvador Lizama.
Trigueros mencionó que la ley actual ha protegido las obras de grandes artistas como Fernando Llort, Salvador Salazar Arrué (Salarrué), entre otros; sin embargo, destacó la necesidad de que sea actualizada.
«La propiedad intelectual es una herramienta que permite el incremento de la producción, de la creatividad, promoviendo el desarrollo social, cultural y económico debido a que protege al sector artístico e industrial», detalló Trigueros.
En ese sentido, la nueva normativa protegerá la autoría de creaciones como obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes y modelos empleados en el comercio que son producto de la creatividad.
«Es prioritario hacer un cambio que ayudará a reactivar la economía, atender a los salvadoreños en el exterior, a los micro y pequeños empresarios, además de promover la inversión y la innovación en el país», agregó el director ejecutivo del CNR.
La presidenta de la comisión, Ana Figueroa, mencionó que «están buscando que sea muchísimo más fácil que los salvadoreños emprendan desde el sector formal, que registren sus marcas, patentes e ideas para brillar desde la innovación y tecnología».
La nueva normativa contempla la creación del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI) para que brinde servicios simplificados, digitalizados y automatizados que permita la inscripción de obras en modalidad electrónica.
Trigueros mencionó que en el pasado prevaleció la burocracia, por lo que se emitían documentos en papel y los pagos solo se hacían en físico. Sin embargo, el contexto es diferente, pues las tecnologías de la información están desarrolladas.
«No podemos seguir en esas dinámicas; si le queremos apostar a la facilitación y agilización de los trámites hay que implementar la simplificación. Esto significa digitalizar gran parte de los servicios estatales», indicó Trigueros.
Asimismo, la ley incluirá incentivos para promover la creación e investigación científica del sector académico e industrial con la reducción de los costos por los servicios brindados.
