La criminalidad en Guatemala ha escalado al punto de que las pandillas ya operan como verdaderas empresas del crimen, extendiendo su influencia hasta en instituciones del Estado, según revela un informe reciente de la Policía Nacional Civil (PNC), citado por el periódico «Prensa Libre».
El medio local detalló que «las maras han tejido estructuras financieras que les permiten operar como empresas del crimen, у tienen nexos directos con actores políticos. El poder de esas organizaciones también se manifiesta en las cárceles».
En Guatemala, la criminalidad se debe a las pugnas entre pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, quienes se disputan el control del territorio con fines de distribuir droga y extorsionar a comerciantes. Solo entre enero y junio de este año, las autoridades registraron más de 1,190 homicidios.
La situación es tan severa que miles de guatemaltecos son extorsionados y, en muchos casos, las amenazas se originan de pandilleros que están privados de libertad. En el estudio de la PNC se cita al exfiscal contra la extorsión, Édgar Morales, quien asegura que la extorsión sigue siendo la base económica de las maras y que ese delito les proporciona los negocios para operar, expandirse, comprar armamento y más.
El informe retomado por el medio guatemalteco indica la estructura operativa de las pandillas en dicho país, y en él se explica, por ejemplo, cómo la Mara Salvatrucha ha dado un paso más allá en su evolución criminal.
«Han desarrollado un pensamiento empresarial y han constituido asociaciones, oenegés y sociedades mercantiles legalmente registradas. Estas funcionan como fachada: empresas de transporte colectivo, importadоras de vehículos y otros negocios operados a través de testaferros», se lee. Este fue el mismo patrón que la MS y la pandilla 18 utilizaron en El Salvador por muchos años, antes de que el presidente Nayib Bukele les declarara la guerra.
A dicha estructura delictiva también se le atribuye la utilización de otro tipo de negocios, como panaderías, abarroterías, lavanderías, taxis y préstamos «gota a gota», como mecanismos para lavar dinero. En la mayoría de los casos, los administradores de estas entidades son familiares de los cabecillas.
Según una publicación reciente del medio Canal Antigua, las extorsiones han evolucionado y se expanden tanto en áreas urbanas como rurales, afectando a comerciantes, transportistas y familias. El Ministerio Público enfrenta una alta carga de casos y limitaciones investigativas, mientras que el Ministerio de Gobernación ha sido cuestionado por la falta de resultado.
«Guatemala enfrenta una violencia que muta, persiste y se adapta. Desde la extorsión silenciosa que asfixia a los pequeños negocios, hasta los homicidios que se repiten cada día», reseña Canal Antigua.
SALTO A LA PALESTRA POLÍTICA
El estudio de la PNC surgiere que estos grupos terroristas podrían llegar a financiar incluso partidos políticos en el vecino país. El director de la PNC, David Custodio Boteo, explica en el documento que las pandillas solo podrán contenerse, si el «Estado responde con medidas integrales que incluyan una reingeniería total del Sistema Penitenciario, aislamiento real de los cabecillas, uso de tecnología avanzada y la profesionalización del personal carcelario».
Hasta mayo, las autoridades guatemaltecas habían efectuado más de 140 requisas en diversos centros penales, donde han encontrado armas de fuego, celulares, electrodomésticos, entre otros.
La situación que enfrenta Guatemela es similar a la época nefasta que vivió El Salvador bajo los gobiernos del FMLN, principalmente bajo la gestión de Mauricio Funes, quien fue el principal impulsor de la tregua entre pandillas.
La tregua entre grupos terroristas fue publicitada por Funes durante su participación en la 68.ª Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2013, donde aseguró que era una política de su Gobierno para reducir la violencia y combatir el crimen organizado.
Funes, quien falleció en enero de este año en Nicaragua, pactó con las maras una reducción de los homicidios a cambio de beneficios para los pandilleros en las cárceles, adiestramiento en polígonos de tiro de la Fuerza Armada y dinero.
Durante la gestión de Funes, todo el control del sistema carcelario le fue entregado a las pandillas, y los criminales gozaban de privilegios. El Salvador vivió en esos días su peor época de criminalidad.
En la actualidad, el contexto es diferente. La estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele permitió recuperar el control del país y debilitar a dichas estructuras, bajo el sólido Plan Control Territorial y la implementación del régimen de excepción.
Hoy, El Salvador se posiciona como uno de los países más seguros del continente americano por su ínfima tasa de homicidios, reducción al mínimo de la extorsión y otros delitos de alto impacto.
Solo en los primeros siete meses de 2025, las autoridades de Seguridad han logrado reducir el promedio de homicidios por día a 0.19, luego de que, en 2015, por ejemplo, el registró fue de 18 asesinatos por día.
Además, las autoridades están con la expectativa de que en los próximos días se logrará llegar a 1,000 días sin homicidios, lo cual se convertirá en un hito histórico en todo el continente.
