Familiares de las víctimas de una masacre perpetrada por unidades militares en el cantón El Junquillo, de Cacaopera, en Morazán, durante el pasado conflicto armado, se han acercado en las últimas semanas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para pedir apoyo y judicializar este caso.
En la masacre de El Junquillo fueron asesinadas al menos 67 personas, y según los testimonios de sobrevivientes ocurrió el 11 de marzo de 1981; es decir, 10 meses antes de la masacre de El Mozote, en Meanguera, cuyo caso comenzó a ser judicializado en 2016, con la derogatoria de la Ley de Amnistía.
Esta es la primera ocasión que estas familias buscan justicia por esa masacre, y por ello la PDDH ha comenzado a individualizar a cada una de las víctimas para constatar que existió, y para ello sus parientes han presentado en algunos casos, partidas de nacimiento o fe de bautismos y partidas de defunción.
«Nos presentaron un listado de 34 niños y el resto son adultos, y no es lo mismo aquellas personas que mueren en conflicto propiamente dicho, a aquellos que en sus casas los mataron y por eso deben ser aclarados estos hechos y dar una respuesta no solamente a las víctimas, sino al país», aseguró Roberto Martínez, delegado de la PDDH de Morazán.
Los cuerpos de las víctimas de esta masacre fueron exhumados y entregados a sus familiares en 2009, pero debido a que en ese momento estaba vigente la Ley de Amnistía, no fue posible iniciar un proceso judicial, para buscar justicia contra los responsables de dicho hecho.
Las familias incluso mencionan a un capitán como el que ordenó esa masacre.
La PDDH está recopilando todos los insumos necesarios en torno a la masacre para ser presentados ante la Fiscalía General de la República.
Lee tambiénAutoridades salvadoreñas destruyen droga valorada en miles de dólares
