Al finalizar el juicio en contra de 48 pandilleros de la 18 de San Salvador, la Fiscalía General de la República pidió pena máxima por cada uno de los delitos atribuidos.
El delito común para todos es agrupaciones ilícitas, pero como son procesados por acciones delincuenciales consumadas entre el 2014 y 2016, las penas pueden oscilar entre los tres y cinco años, ya que no les pueden aplicar la reforma aprobada el 29 de marzo de 2022 que sanciona la pertenencia a pandillas con prisión de 20, 30 y hasta 60 años para cabecillas.
Lo que si puede incrementar las condenas es el delito de extorsión agravada en perjuicio de empresarios, comerciantes y transportistas quienes fueron obligados a pagar cantidades de dinero, según el tipo de negocio y cantidad de buses y microbuses.
Son más de 20 las víctimas de extorsión que según el ministerio público pagaron a la pandilla 18 para que les permitieran desarrollar sus actividades en diversos rubros.
Los transportistas de varios municipios, cuyas unidades tenían obligadamente que ingresar al centro de San Salvador, fueron amenazados por los terroristas.
Les advirtieron que iban atentar en su contra y empleados, así como quemarles las unidades si no cumplían con los pagos, también los vendedores informales y empresarios con negocios y almacenes estaban cancelando dinero en concepto de extorsión.
La estructura estuvo delinquiendo en colonias y comunidades del suroriente de San Salvador, se extendían desde comunidades ubicadas a la orilla de la autopista a Comalapa, hasta la zona de la antigua terminal de oriente y mercado exCuartel.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado revisará la abundante prueba presentada, pero aún no ha definido fecha en la que emitirá el fallo, pero el ministerio público solicito que todos sean condenados.
Además de agruparse para extorsionar, los mareros planificaron asesinar a cinco personas, acción delictiva que llevó a los fiscales a presentar cargo penal por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, también incurrieron en privación de libertad.
Los terroristas enfrentaron además, acusación por dedicarse a vender droga en la zona donde ellos controlaban.
