El presidente de Argentina, Javier Milei está replicando el «modelo Bukele» para combatir la criminalidad en su país, entre las acciones más recientes presentó ante el Congreso, un pliego de medidas legales que incluyen, reformas al Código Penal para endurecer las penas carcelarias, así como procesar como adultos a menores de edad que se les compruebe hayan cometido crímenes.
«Necesitamos elevar los costos -penas- para quienes delinquen, por eso necesitamos aprobar la Ley de baja edad e imputabilidad para quienes son suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos», manifestó Milei en su discurso del sábado anterior, durante la 143° Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.
Milei ha propuesto imputar a menores criminales desde los 14 años. Actualmente rige la ley 22.278 sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980 y modificada en mayo de 1983, en cuyo primer artículo establece que «no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años…»
Expuso también que con su equipo trabajan en la formación de una normativa de Seguridad Nacional que le «provea herramientas -legales- al Estado, a nuestro servicio de inteligencia y a nuestras fuerzas (del orden) para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos».
En su alocución, Milei hizo referencia al asesinato de Kim Gómez, a manos de dos menores de edad ocurrido el 25 de febrero. Los delincuentes robaron el auto de la mamá de Kim, a quien arrastraron varias cuadras.
En febrero fue aprobado el proyecto de «ley antimafias» que busca penalizar con dureza a organizaciones de crimen organizado, como también lo hizo EE.UU. y El Salvador contra las pandillas, y a las que procesarán como estructuras.
LA EXPERIENCIA DE EL SALVADOR
En marzo de 2022, en respuesta a una ola de asesinatos perpetrados por las pandillas, funcionarios de Seguridad presentaron ante la Asamblea Legislativa un pliego de reformas para modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Relativa a las Drogas entre otros cuerpos legales para combatir a los grupos de crimen organizado y garantizar la tranquilidad de la población.
A propuesta del gobierno, la Asamblea Legislativa modificó, en julio de 2023, la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las penas carcelarias hasta 60 años para los cabecillas de maras. Hasta antes de estas reformas, los líderes de pandillas recibían condenas que rondaban de 6 a 9 años de prisión.
Las modificaciones al marco penal les permitieron a las autoridades intervenir mareros y a sus colaboradores; también le facilitó a la Fiscalía General procesar en grupo a criminales de la misma estructura para atacar la impunidad.
Y los jueces comenzaron a aplicar las modificaciones de ley para dictaminar condenas de 20 a 30 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas, o la solo pertenencia a pandillas.
En el caso de los menores criminales, la Ley Penal Juvenil ahora establece que si un menor de 12 a 18 años forma parte de las maras debe ser condenado hasta con 20 años de prisión y se aprobó que esos menores que hayan sido condenados por delitos de crimen organizado sean enviados a cárceles para adultos.
Unas semanas atrás, el presidente argentino designó por decreto y sin aval del Senado a dos miembros de la Corte Suprema, en su afán de lograr que tengan independencia y no se politice a los jueces, y así ha requerido más jueces especializados conta crimen organizado.
