El analista y director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta planteó siete errores que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la preparación de las elecciones de este 28 de febrero y dijo que la iniciativa de destitución del presidente de la república generó un efecto «búmeran» en contra de ARENA y FMLN.

¿Cómo evalúan el trabajo del TSE en la preparación de las elecciones?

En primer lugar, hay que tener en consideración que este es un Tribunal que la mayoría de sus miembros están fungiendo en sus cargos por primera vez, recién asumieron en julio de 2019. Desde enero de 2020 inició un proceso de confrontación por la falta de regulación en materia de sufragio de activo y pasivo de los residentes en el exterior, situación que debería haber estado lista para que los salvadoreños en el exterior pudieran votar [en 2021].

El Tribunal podría haber actuado de manera diligente y haber llevado adelante el proceso de organización de sufragio desde el exterior haciendo una aplicación directa de la resolución de la Sala. Finalmente, por intervención de la Sala, lamentablemente, el voto en el exterior será hasta 2024.

En julio de 2020, la Asamblea Legislativa emitió una reforma al Código Electoral regresando a las reglas que había en 2015 para contar los votos en el caso de los candidatos no partidarios, incumpliendo la sentencia. Esa reforma está vigente. La Sala de lo Constitucional debió haber emitido ya su pronunciamiento de seguimiento al cumplimiento de la sentencia y haber declarado inconstitucional esta regla que aprobó en julio la Asamblea Legislativa.

En materia de sufragio pasivo quedó bastante deficiente la labor realizada por el Tribunal Supremo Electoral en materia de inscripción de candidatos no partidarios, porque hubo una cantidad importante de personas que aspiraron que se les pudo haber resuelto de una manera más diligente, no retardar tanto las resoluciones.

¿Qué opina de la negativa del TSE de permitir una auditoría internacional de la tecnología?

Reconocemos como positivo que las Juntas Receptoras por fin puedan contar con tecnología en mesa para poder contar los votos, sin embargo, la debilidad que presenta el Tribunal Supremo Electoral es en términos de formación.

La otra debilidad en esta materia del uso de tecnología precisamente tiene que ver con el anuncio reciente respecto de no permitir una auditoría internacional. Dentro de los estándares de elecciones, que, para garantizar la transparencia de un evento electoral, deben estar sometidos al escrutinio público, deben ser susceptibles a determinadas auditorías, ya sea auditorías al registro electoral, auditorías de sistemas.

Nuestro llamado al Tribunal Supremo Electoral es que el uso de la tecnología exige que esta debe ser sometido a las auditorías nacionales e internacionales, eso es una regla básica de transparencia.

Lo otro, creo que hay un error grave es que aquí no se modificó el número de miembros que van a votar por Junta Receptora de Votos. Recordemos que venimos de 400, pasamos a 500, subimos a 600 y ahora ha quedado en 700. Puede haber una alta concentración de personas. Desde las perspectivas de las medidas de bioseguridad.

Creo que el Tribunal ha quedado en una grave deuda en términos de información. Por una parte, respecto de las formas de votación y por otra, no ha comunicado en absoluto en nada a la ciudadanía de cuáles son las medidas de bioseguridad que le puedan dar certeza par que pueda ir a votar en condición segura de la vida. Este es un elemento que en todos los países se ha observado que se ha aplicado, que ha habido campañas muy importantes de información ciudadana respecto de la bioseguridad.

En este contexto electoral los partidos ARENA y el FMLN introdujeron a la Asamblea Legislativa propuestas para destituir al presidente de la República, ¿qué opina de este tema?

Desde enero del año pasado los distintos actores institucionales, órganos del Estado, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, el Órgano Ejecutivo mismo están en un juego de tipo más político y en función de las elecciones.

Las decisiones de enero con respecto al voto en el exterior son eminentemente políticas en función de las elecciones 2021. La actuación de la Sala con respecto a esa resolución era en función del 2021, por eso la tiró hasta el 2024. Vemos este hecho más desde la perspectiva de generar un efecto electoral. Lo que los partidos de oposición no han entendido es que entre más buscan desgastar al presidente, en realidad eso les genera un efecto búmeran que el efecto les vuelve a caer a ellos y ellos salen más desgastados.