La pronta intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) logró impedir que una banda de rateros, integrada por extranjeros y salvadoreños y que delinquía en diferentes rutas del transporte colectivo, siguiera cometiendo fechorías en las unidades.

Las investigaciones fiscales indican que estos delincuentes hurtaban celulares en rutas de San Salvador, Santa Ana, La Libertad y San Miguel, entre las cuales están, la 29, 38, 101-B, 41-A, 45-AB y 91.

En esta etapa de la investigación, las autoridades confirmaron la detención de 8 nicaragüenses, 17 hondureños, 1 guatemalteco y 11 salvadoreños; además, hay 5 prófugos y varios delincuentes intimados (notificados de nuevos delitos) debido a que ya guardan prisión en centros penales.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que el trabajo en conjunto «nos ha permitido la captura de los integrantes de una estructura dedicada al hurto de teléfonos celulares en unidades del transporte colectivo, los denominados carteristas. Quiero dejar claro que el Estado salvadoreño no va a permitir que bandas organizadas sean nacionales o extranjeras conviertan nuestras rutas de buses y espacios públicos destinados para la población se conviertan en territorio para la impunidad», afirmó.

Delgado explicó que las víctimas de estos criminales eran estudiantes, madres de familia, trabajadores y usuarios que hacen uso de las diferentes unidades.

Los celulares que estos delincuentes hurtaban eran comercializados en el centro de San Salvador; la estructura estaba dirigida por dos nicaragüenses, la forma de operar de los carteristas era que al subir a las unidades sustraían los aparatos de las víctimas y los colocaban en mochilas, después, huian gracias a qué otro delincuente se los facilitaba mediante vehículo que iba tras la unidad.

Una vez los celulares eran desbloqueados, los delincuentes efectuaban remesas de entre $80 a $120 diarios hacia otros países.

Las investigaciones fiscales han establecido que los extranjeros ingresaron al país por puntos fronterizos no autorizados, otros fingieron ser turistas para quedarse en el territorio para delinquir.

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