El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ha comenzado este viernes el proceso penal en contra de Gerardo Quijada Orellana, conocido «Mr. Miyagi» y 10 miembros de su estructura delincuencial de estafadores y lavadores de dinero.

Entre los acusados hay miembros de su grupo familiar, abogados y policías quienes desde el 2008 tramaron y ejecutaron delitos señala la Fiscalía General de la República.

Además de «Mr. Miyagi», son procesados, José René Ventura Alvarado, alias «Big boy»; así como los  abogados Jorge Carlos Figeac Cisneros y César Roberto Trujillo Menéndez; además de Jennifer Marcela, Jason Gerardo y Mónica Elena Quijada Suncín, quienes son hijos de Orellana y tenían la función de testaferros.

También los representantes legales, Jorge Alberto Alemán Cruz y Mirna Elena Suncín de Quijada, esposa del principal estafador, y quien también ejercía como testaferro.

Se menciona además a los colaboradores de la red, Milton Eduardo Chávez Chicas René Williams Arias Mejía, quien es ausente.

El ministerio público señala a todos de agrupaciones ilícitas y luego les acumula de forma individual, estafa agravada, amenazas con agravación especial, extorsión, violencia contra funcionario público o autoridad pública, denuncia o acusación calumniosa.

Lee tambiénFiscalía acusa a «Mr. Miyagi» y su red de estafadores por delitos de crimen organizado y patrimoniales

A Mirna Elena Suncín, la Fiscalía también la acusa de casos especiales de lavado de dinero y activos, a Milton Chávez Chicas y Gerardo Quijada Orellana, les acumulan tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

En la solicitud de imposición de medidas presentada por la Fiscalía se menciona que Gerardo Quijada y su red utilizaron documentación falsa para engañar a sus víctimas suscribiendo contratos de arrendamientos de inmuebles en zonas de alta plusvalía donde por años han funcionado sus talleres.

El monto de lo estafado asciende a $1,330,000, en perjuicio de seis víctimas y tres sociedades que se han mostrado como ofendidas por el perjuicio patrimonial que la estructura les ha causado con su accionar.