La Asamblea Legislativa contribuyó una vez más con las políticas de seguridad, al aprobar ayer reformas a la Ley contra el crimen organizado, para garantizar el enjuiciamiento de 88,750 detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas.
La iniciativa del Ejecutivo, estudiada por la comisión de seguridad pública, fue aprobada por el pleno legislativo, con 57 votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN. Los tres diputados de Arena y Vamos votaron en contra.
El decreto emitido autoriza la modificación de seis artículos de la Ley contra el crimen organizado, con el propósito de establecer normas y procedimientos especiales para combatir las estructuras terroristas nacionales o transnacionales.
Entre las ventajas que contemplan los cambios autorizados está que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá hasta dos años más para realizar su función de investigación y acusación contra personas señaladas de pertenecer a grupos de pandillas, que fueron detenidas bajo el régimen de excepción.
Dicha medida atiende a que está por vencer el decreto 803, que reagrupó a los detenidos según su pertenencia a los diferentes grupos de pandillas, y extendió el periodo de la detención provisional, por dos años.
Durante el estudio previo de la moción, que hizo la comisión de seguridad nacional y justicia, los diputados consideraron la opción planteada por el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien indicó que en los últimos 24 meses han trabajado en reagrupar a los detenidos por pandillas y que en su mayoría ya están listos.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, explicó que, de no aplicar estas reformas, «los jueces tendrían la facultad de poner en libertad a todos los detenidos».
El propósito de esta modificación es «establecer un modelo procesal especializado y dinámico que permita que la justicia sea efectiva y expedita», según explicó el fiscal Delgado en la comisión.
Se establece en la modificación que los jueces de menores actuarán únicamente como garantes de los derechos de los imputados.
Las reformas incluyen la figura de audiencias parciales, para iniciar con los imputados de quienes se tengan las pruebas necesarias. También la figura de audiencias únicas, que permanecerán abiertas mientras existan miembros de la estructura sin procesar.
El diputado Navarro resaltó que este tipo de medidas han contribuido a que El Salvador esté por cumplir 1,000 días sin homicidios. El país tiene actualmente la tasa más baja de asesinatos en el hemisferio occidental.
«Son 1,000 días en los que un salvadoreño no ha llorado a su familiar, 1,000 días en los que nuestros jóvenes no han sido reclutados por las pandillas,…, ¿Cuántas vidas se han salvador? son miles», indicó el parlamentario.
