La comisión de seguridad pública y justicia de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen a favor de la iniciativa del Ejecutivo que busca reformar la Ley contra el crimen organizado para garantizar que exista una herramienta permanente para el combate de dichas estructuras.
Para el estudio de esta moción, los diputados de la comisión recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y a representantes del Ministerio de Seguridad.
El fiscal general explicó que entre las reformas está el cambio de objeto de la ley en el artículo uno, para enfocarse en la «persecución de organizaciones transnacionales que cometen delitos de manera sistemática y así evitar que en determinado momento intenten usurpar las funciones del Estado».
También se establece una reforma al artículo tres para definir el rol del juez de menores en el proceso de convertirse en un garante de los derechos que le asisten en virtud de tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado salvadoreño.
«Sabemos que estas organizaciones son de naturaleza transnacional, pueden tener brazos, contactos o miembros en otros países, entonces la intención es buscar ser efectivos, y no lo podemos hacer si no tenemos las herramientas para ir a buscar a los delincuentes que desde el extranjero están girando órdenes o siendo partícipes de actividades criminales», explicó Delgado.
Para atender a esa necesidad, la iniciativa plantea incorporar el artículo 16 A, que establece que, en el caso de imputados ausentes, de quienes se desconozca su paradero o que estén fuera del país, no se apliquen las reglas dispuestas en el artículo 163 del Código Procesal Penal para considerar las alternativas a la detención provisional y en su lugar se imponga el arresto preventivo y que se continúe con el proceso.
Dentro de las modificaciones se plantea la figura de acusación parcial, es decir, que se pueda iniciar con los procesos de quienes se cuente con los elementos probatorios, indistintamente si el plazo ha concluido o no.
Así mismo, se plantea un cambio en el artículo 18, para que se puedan instalar audiencias únicas abiertas, que tendrán una duración no mayor a 60 días, y que podrán permanecer abiertas mientras existan imputados vinculados a la estructura que no hayan sido juzgados.
Actualmente, existe un decreto transitorio que permite el procesamiento grupal de los miembros de las estructuras criminales, pero debido a que vence el 25 de agosto próximo en las reformas a la Ley contra el crimen organizado se incluye la facultad de que el juez asigne un registro único por estructura criminal y por miembros para que se procese de manera ágil.
El fiscal general indicó que estas medidas son «adecuadas» para que aproximadamente 300 fiscales puedan realizar su labor. «Se mantiene el equilibrio en cuanto a las garantías procesales para los detenidos y también va a ser una herramienta para que los jueces logren tramitar adecuadamente estos 600 procesos en los que van a estar vinculados las 88,750 personas detenidas en este momento», agregó.
