La comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa inició ayer el estudio de tres iniciativas del Ejecutivo, en el sentido de que se reformen el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas de delitos de mayor incidencia, permitir un ejercicio más efectivo de las competencias fiscales, descongestionar los tribunales y asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales.
Para profundizar en las iniciativas, los diputados recibieron ayer al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien explicó que se busca incrementar las condenas para quienes cometen estafa, robo, hurto, receptación (vender, comprar, transportar, almacenar dinero o cosas producto de actividades delictivas), así como proteger los bienes y las propiedades privadas de los salvadoreños en el exterior.
«Sobre el delito de estafa se incrementa la pena de cinco a ocho años y se incorporan nuevas modalidades cuando este sea cometido por uso de tarjeta de crédito, débito o cualquier instrumento de pago material o inmaterial», detalló Delgado.
Además, se propone reformar los incisos 1 y 2 del artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo de la medida cautelar de la detención provisional, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas.
El presidente de la comisión, Caleb Navarro, aclaró que «no se modificará ningún plazo procesal para la etapa de instrucción que estén llevando a cabo las distintas instancias legales».
Actualmente es de dos años; no obstante, Delgado propuso que para los delitos graves se pueda prolongar por 24 meses más durante la primera instancia y que al momento de emitir una sentencia condenatoria se pueda alargar hasta la mitad de la pena impuesta a la persona, y en el caso de los delitos menos graves el plazo sea de un año, que puede ser prorrogado para un período igual.
Agregó que esto no contradice los convenios internacionales en cuanto a la detención provisional en primera instancia, como aseguran algunas ONG vinculadas a la oposición política.
Navarro explicó que si la detención provisional se prorroga hasta la mitad de la pena impuesta «es porque ya ha habido, en primera instancia, la valoración de un juez sobre las pruebas y una sentencia que aún no está en firme».
La tercera iniciativa busca, entre otros aspectos, ejercer una mayor regulación en el trabajo que ejerce la defensa para evitar la administración fraudulenta, debido a que «existen abogados que con artimañas dilatan los procesos penales, ponen en actividad todo el órgano jurisdiccional, afectando al Estado y la economía procesal», señaló Navarro.
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