La Sala de lo Civil admitió a la Fiscalía General de la República, el recurso de apelación que busca anular la sentencia que desestimó el enriquecimiento ilícito del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Agustín García Calderón y su esposa Gloria Natividad Valdés de García.
El exfuncionario y su cónyuge, al ser absueltos por dos magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, quedaron exonerados de reintegrar al Estado $240,863.77.
El pasado 25 de mayo, los magistrados al momento de emitir la resolución dijeron que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía no probó que los demandados tuvieron un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, período en el cual García Calderón fue presidente del Órgano Judicial.
Los magistrados fundamentaron su decisión argumentando que el expresidente de la CSJ tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, y si bien el ministerio público probó que era funcionario público, los magistrados expresaron que no pudieron establecer que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía inició el juicio civil por supuestas irregularidades relativas a depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial por más de $28,000.
Por ese bono, los fiscales han detallado que García Calderón pidió el retiro voluntario como lo establece la Ley de la Carrera Judicial y gozar de un bono de $28,283.64, según el ministerio público el exfuncionario no tenía derecho a ese beneficio ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
Lo que tuvo que hacer es tramitar su jubilación adhiriéndose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial por lo que al recibir el bono incurrió en fraude de ley debido a que los más de $28,000 fueron erogados por la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
