El partido ARENA vio nacer en la administración de Alfredo Félix Cristiani Burkard el fenómeno de las pandillas estudiantiles; sin embargo, sus gestiones presidenciales se mostraron «indiferentes y permisibles» para tratar este problema que más tarde desencadenó una ola de violencia que colocó a El Salvador en la cima de los países más violentos del mundo, coincidieron los sociólogos René Martínez y Mauricio Rodríguez.
«Las maras estudiantiles fueron promovidas como parte de una conspiración contra el pueblo, en tanto se pensaron para que formaran parte de la guerra social de pobres contra pobres», planteó Martínez y recordó que «las maras estudiantiles no solo se proliferaron, sino que también se volvieron parte de una delincuencia con tinte terrorista».
Rodríguez, por su parte, rememoró que estos grupos surgieron tras el final del conflicto armado, en 1992, protagonizando batallas campales en las calles. Cuestionó que de parte del Gobierno de turno «no hubo una acción fuerte de modo tal de poder solucionar o solventar esa situación, y simplemente se dejó pasar».
Cristiani Burkard sancionó en mayo de 1994, (en víspera de su fin de quinquenio), la Ley del Menor Infractor (más tarde Ley Penal Juvenil), que estableció un régimen especial para los menores de edad que habían cometido delitos o faltas, pero siempre privilegiaba su protección.
La norma entraría en vigencia en octubre de 1994, pero otro decreto legislativo impidió a última hora la continuidad de su proceso de formación de ley, por lo que su entrada en vigor inició hasta el 1.° de marzo de 1995.
El sociólogo Rodríguez también dijo que las pandillas estudiantiles fueron un «caldo de cultivo» para los pandilleros deportados de Estados Unidos porque «los aprovecharon y los incorporaron en sus filas»; mientras que Martínez analizó que «el tamaño de las maras creció» por la incorporación de los estudiantes a las estructuras criminales.
Armando Calderón Sol -el segundo presidente arenero- no pudo tampoco en su mandato combatir a las pandillas estudiantiles, a pesar de que en marzo de 1996 la Asamblea Legislativa -a solicitud del Ejecutivo y a un año de la entrada en vigor de la Ley del Menor Infractor- aprobó la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado.
La normativa contaba con 28 artículos y con vigencia de dos años luego de su publicación en el «Diario Oficial». En su artículo 3 estableció el delito de agrupaciones delictivas sancionado con prisión de uno a tres años. «Igual pena se impondrá a la persona o personas de las agrupaciones delictivas que participare o participaren en riña tumultuaria, de la que no resultaren personas lesionadas o cuando habiendo resultado algún lesionado no se lograre individualizar al responsable», rezaba su inciso segundo. La legislación también estableció en su artículo 22 un tratamiento especial para los menores de edad de 14 a 19 años.
El Gobierno de Calderón Sol justificó que la norma fue para el combate de la delincuencia y el crimen organizado y no obstante se incluyó en su texto el delito de agrupaciones delictivas y el juzgamiento de menores, estas realmente fueron acciones implementadas y dirigidas sin éxito por el Ejecutivo contra los grupos de adolescentes y jóvenes miembros de las pandillas.
«[Los Gobiernos de ARENA] se mostraron indiferentes con las maras estudiantiles porque les convenía políticamente su existencia y porque no pensaban en el pueblo», resumió el sociólogo Martínez.
