El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, recibe declaración de testigos en el proceso que determinará si 11 inmuebles, tres vehículos, una motocicleta y más de $500,00, a nombre de una familia de Sonsonate, pasan o no al Estado.
Tres fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio han planteado en la audiencia de sentencia que los bienes y dinero decomisado a Norma Urania de León Escolar, Douglas Enrique Figueroa, Jorge Alberto Valladares de León y Edwin Giovanni Valladares de León, son producto de actividades ilícitas por supuestos vínculos con la Mara Salvatrucha.
La abogada Lucrecia Landaverde, quien ejerce la procuración del caso y representa los intereses de los propietarios de los bienes, presentó la declaración de dos parientes de Norma Urania de León Escobar, entre ellos, un hijo quien declaró ante el juez sobre la actividad a la que su madre se ha dedicado desde antes de 1990.
Douglas Enrique Figueroa, quien es parte del núcleo familiar afectado en el proceso de extinción de dominio, manifestó que su progenitora es una comerciante que por años se ha dedicado a la venta de bebidas.
Sostuvo que, en Acajutla, el negocio al que los clientes llaman Night Club La Puerta Negra, tiene permiso de la alcaldía de Acajutla y que siempre han llevado un libro de contabilidad.
Agregó que a la comuna le pagan impuestos mensuales y que frecuentemente el Cuerpo de Agentes Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC), llegan a realizar supervisiones.
Expresó que los policías han llegado de manera continuas hasta con perros antidrogas y nunca han encontrado ilícitos en el negocio. «Mi mamá nunca ha pertenecido a pandillas y desconozco por qué la vinculan», declaró Douglas Enrique Figueroa.
Según el ministerio público, los afectados [propietarios de los bienes], están vinculados al delito de agrupaciones ilícitas, con la función de colaboradores en la clica Acajutlas Locos Salvatruchos.
Se menciona que las pesquisas fueron iniciadas por un informe que alertaba de un incremento de bienes de Norma Urania de León, quien fue detenida en el marco del régimen de excepción.
Con un peritaje patrimonial, los fiscales pretenden probar que el grupo familiar tienen un aumento de bienes que sobrepasa los $500,000, la prueba la complementan con documentos y declaración de testigos.
