Testigos presentados por la Fiscalía General de la República en el juicio de la exalcaldesa de Soyapango Nercy Montano y otros cuatro acusados, han confirmado la tesis fiscal de delitos de corrupción consumados.
En casi un mes de vista pública que ha sido interrumpida por algunos días y con jornadas incompletas, han llegado a declarar empleados municipales quienes han expuesto sobre las afectaciones a raíz del impago de sus salarios por períodos de hasta tres meses y la retención de cuotas laborales que les impidió recibir atención médica en el Seguro Social.
Con esos testimonios el ministerio público pretende probar delitos como apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También ha llegado a rendir su testimonio una experta que trabajó en un informe sobre la retención de cuotas laborales a empleados, confirmando que en la alcaldía se retuvo las cuotas y que en la documentación examinada se estableció que a los trabajadores se les hizo los descuentos, pero los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.
El fin de este peritaje es acreditar que hubo incumplimiento de deberes es en perjuicio de la administración pública, subsidiariamente a la alcaldía municipal y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, por más de $387,042.71.
Otro perito declaró que a través de un «vaciado de información», extrajo datos de los aparatos electrónicos incautados a los imputados, entre ellos teléfonos celulares, donde hallaron información de las actividades ilícitas atribuidas a los procesados.
Mientras que una auditoría financiera contable reveló que en la gestión de Nercy Montano, a una empresa se le pagó más por comisión ($1.2 millones) que por dinero recuperado en mora ($867,499) y que no hubo un estudio previo para determinar el porcentaje de pago en concepto de comisión por recuperación de mora.
La empresa representada legalmente por el procesado y detenido, Ricardo Arturo Roque Baires, cobró 9.97% más que otras firmas contratadas en otras administraciones, con ese testimonio la Fiscalía pretende probar delitos de malversación e incumplimiento de deberes.
