El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, terminó de recibir la prueba testimonial en el proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve en contra de ocho exguerrilleros señalados de asesinar supuestamente a una mujer el 22 de agosto de 1989.
Para la vista pública se habían ofrecido 10 testigos, pero al final solo declararon tres de cargo que presentó el ministerio público y similar número de descargo llevados ante el tribunal por parte de la defensa.
Los testimonios de las seis personas serán valorados por el tribunal, tendrá que definir si les da credibilidad y si los aportes terminan siendo de peso al momento de emitir un veredicto absolutorio o condenatorio.
De los tres testigos que el equipo de fiscales presentó, hay uno con régimen de protección con quien el ministerio público busca probarle al tribunal que se está frente a un crimen de lesa humanidad y que los ocho imputados tuvieron participación.
Para que sea un crimen de lesa humanidad debe haberse cometido en tiempo de guerra, es el primer elemento que encaja en la acusación fiscal para calificarlo así.
En este caso también hubo una privación de libertad, contraviniendo el Derecho Internacional; se menciona también la tortura y que son a juicio de la parte acusadora actos inhumanos e intencionados en contra de María Inés Alvarenga, quien era parte de la población civil.
La defensa hizo comparecer a sus testigos con el fin de probar que los acusados no han tenido participación en el hecho y contrarrestar los argumentos expuestos por la Fiscalía.
Los acusados por la Fiscalía son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y los prófugos, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
En el expediente, se menciona que el crimen de lesa humanidad ocurrió en el cantón San Marta, distrito de Victoria, Cabañas, el 22 de agosto de 1989, cuando los exguerrilleros del FMLN que eran parte de la Resistencia Nacional (RN), planificaron asesinar a la mujer a quien señalaron de ser una colaboradora de la Fuerza Armada, la sacaron de su casa y la trasladaron a un campamento de la RN, donde habría sido torturada por dos semanas antes de asesinarla.
