Entre el 1 de enero y 8 de febrero de 2024, tribunales de crimen organizado y comunes, han emitido 47 condenas en contra de estructuras de pandillas por delitos y casos complejos cometidos en contra de salvadoreños en los últimos años.
Las sentencias corresponden a hechos delictivos perpetrados y judicializados antes de la instauración del régimen de excepción por lo que al momento de imponer las penas no se tomó en cuentas las reformas al Código Penal y Ley contra el Crimen Organizado que la Asamblea Legislativa aprobó en el marzo de 2022 y julio de 2023.
Pese a que no se aplicaron las modificaciones a las normativas, en el 2024 los jueces han impuesto a los pandilleros condenas de hasta 699 años por la multiplicidad de delitos y casos que la Fiscalía General de la República les probó en las vistas públicas.
Los terroristas privaron de libertad y desaparecieron a personas, asesinaron a quienes no accedieron a pagar extorsiones y consideraban como enemigos o informantes de la Policía Nacional Civil.
Fiscales también acreditaron que los pandilleros traficaron armas, droga y con personas, los ingresos obtenidos de esas actividades ilícitas fueron utilizados para financiarse, comprar casas, vehículos, pagar abogados para que los defendieran y que los cabecillas llevaran una vida de lujos viviendo en residenciales exclusivas.
Son estructuras de crimen organizado que estuvieron delinquiendo en diversas modalidades, cada uno de los miembros tenía una función, desde el que vigilaba a sus victimas y a las autoridades, hasta el que ejecutaba los asesinatos.
Por su forma de operar en espacio y tiempo, el ministerio público los enjuició por agrupaciones ilícitas presentando análisis delincuenciales, prueba documental consistente en actas de vigilancia y de inspección en los lugares donde los terroristas consumaban los delitos, autopsias de los crímenes cometidos y análisis balísticos de las armas utilizadas en cada uno de los homicidios.
Los tribunales también han emitido condenas por limitación ilegal a la libre circulación ya que las víctimas llegaron a declarar a las vistas públicas que los pandilleros los amenazaron con asesinarlos junto a sus familias si no abandonaban sus casas.
Éxodos en diversas colonias
Varias familias por temor decidieron dejar sus viviendas que por años habían estado pagando bajo financiamientos de instituciones crediticias y se fueron a alquilar casas a municipios donde nadie los conocía para no ser ubicados por los terroristas que los habían expulsado de sus colonias.
En los juicios realizados las víctimas, entre los que hay comerciantes, transportistas, padres e hijos de personas asesinadas y hasta testigos criteriados, llegaron a rendir su testimonios los cuales fueron valorados por los jueces.
El trabajo de campo que investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron bajo la dirección de la Fiscalía, fue clave para fortalecer los expedientes, en los casos de extorsión hubo diligencias consistentes en entregas controladas documentadas con fotografías donde fue captado el momento de pagos de extorsiones, una prueba irrefutable para los abogados de los pandilleros.
Otra prueba contundente que los jueces tomaron en cuenta para emitir condenas fueron las escuchas telefónicas avaladas por un juzgado y que permitió al ministerio público obtener audios sobre las llamadas que los extorsionistas hacían a las víctimas y la planificación de homicidios, gracias a esas intervenciones las personas fueron alertadas para que los terroristas no consumaran los crímenes y solo se quedara en una conspiración en e delito de homicidio por el que también fueron sentenciados.
Las penas más abultadas
La mayor condena reportada este año fue la impuesta a 57 pandilleros de tres clicas de la Mara Salvatrucha que delinquieron en tres municipios de La Unión y uno de Morazán, en ese expediente hubo pena de hasta 699 años de prisión la cual recayó a Pedro Antonio Joya Hernández, por los delitos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas.
Otro de los procesos que culminó con penas elevadas de hasta 295 años de cárcel, es una estructura de 133 pandilleros de la 18 que entre el 2006 y 2018 cometieron homicidios y feminicidios en cinco colonias de la zona sur de San Salvador.
Mientras que 15 terroristas de la Mara Salvatrucha del municipio de Jucuarán, departamento de Usulután, recibieron hasta 279 años por delitos de crimen organizado perpetrados entre el 2012 y 2016.
La cuarta mayor condena se la impusieron a 20 pandilleros de la clica Guanacos Little Cycos de la MS de San Miguel y Morazán, pasarán hasta 144 años presos por delitos cometidos entre 2020 y 2021.
Pena de 699 años de cárcel
Por 11 extorsiones agravadas, cinco proposición y conspiración para cometer homicidios, cuatro casos de tráfico ilícito, 14 homicidios agravados y organizaciones terroristas, 57 pandilleros de tres clicas de la Mara Salvatrucha fueron condenados a penas de hasta 699 años de prisión, estuvieron delinquiendo entre el 2015 y 2016 en los municipios de Lislique, Anamorós y Santa Rosa de Lima, de La Unión y Corinto, Morazán.
Pasarán hasta 295 años en prisión
Una estructura de 133 pandilleros de la 18 recibió hasta 295 años de cárcel por 13 casos de homicidios agravado y dos feminicidios que cometieron entre el 2006 al 2018, en las colonias Dolores, Costa Rica, Dina I y II, Mirador y Altos de Jardines, de la zona sur de San Salvador. La pena menor en ese expediente fue de 60 años.
Condena de 279 años A 15 terroristas de la Clica
Freeport Locos Salvatruchos, del municipio de Jucuarán, Usulután, un tribunal contra el crimen organizado de San Miguel los condenó a penas de hasta 279 por cinco homicidios agravados, un hurto, un robo agravado, daños agravados y organizaciones terroristas. Las víctimas fueron privadas de libertad y llevadas hasta la Isla El Ojuste, donde las torturaron y luego asesinaron con arma blanca y de fuego.
Pandilleros reciben hasta 144 años
Por delitos cometidos entre 2020 y 2021, 20 pandilleros de la clica Guanacos Little Cycos de la Mara Salvatrucha fueron condenados hasta con 144 años de prisión por el Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado B de San Miguel, estuvieron extorsionando, asesinando y traficando droga y desapareciendo personas en varios municipios de los departamentos de San Miguel y Morazán.
