Entre el 1 de enero y 27 de marzo de 2026, 27 criminales fueron condenados por asesinar mujeres y por intento de feminicidio, según informes publicados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Fiscalía General de la República.
Los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas máximas de 30 años por feminicidio y 50 por feminicidio agravado.
En uno de los expedientes en contra de 61 pandilleros de la 18, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 11 terroristas por asesinar a tres mujeres.
Los jueces aplicaron el artículo 45 y 46 la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); el primero ordena imponer condenas de 20 a 35 años y para el segundo ilícito, la sanción carcelaria es de 30 a 50 años.
Diversas unidades de la Fiscalía General de la República investigaron los casos desde un inicio con enfoque de género, garantizando cero impunidad de hechos en contra de mujeres.
Los feminicidios fueron iniciados en los juzgados de paz de las jurisdicciones donde ocurrieron y luego de la audiencia inicial los expedientes pasaron a los juzgados especializados de instrucción de la mujer, con reserva total automática como la LEIV lo ordena.
Tras la audiencia preliminar los expedientes pasaron a sentencia y en las vistas públicas los jueces dictaron severas condenas por los crímenes, algunos fueron perpetrados con lujo de barbarie.
En los juicios, los fiscales presentaron pericias, prueba documental y testimonios, en algunos procesos hubo informes técnicos de geolocalización mediante antenas telefónicas que confirmaron la presencia de los feminicidas en los lugares de los hechos.
En las carpetas judiciales analizadas también se incorporó bitácoras de llamadas telefónicas y huella dactilar que relaciona a los criminales con los femicidios, la participación que tuvieron y su vínculo con las víctimas.
En varios de los expedientes quedó establecido la violencia psicológica y verbal, de los imputados al intentar y a veces lograr controlar la vida de las víctimas.
En los fallos emitidos por los juzgados se valoraron todos esos elementos de prueba y los funcionarios judiciales establecieron que algunas de las mujeres asesinadas se encontraban en situación de vulnerabilidad desde el inicio de la relación, con un círculo permanente de violencia.
En los crímenes consumados por los pandilleros se determinó que estos terroristas valiéndose de su pertenencia a esa estructura de crimen organizado sometieron a las víctimas, en su condición de mujer, a una relación marcada por violencia física, verbal, emocional, psicológica y sexual.
En el 2026 una de las condenas más elevadas fue para 11 pandilleros de la 18, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, les impuso 50 años por cada feminicidio, sumado a otros delitos, acumularon hasta más de 400 años.
«Los criminales participaron en un triple feminicidio, ocurrido en el 2010, en Ilopango. Los imputados privaron de libertad a tres víctimas, las atacaron con arma blanca y finalmente mutilaron sus cuerpos», según publicó la Fiscalía el 11 de marzo de 2026.
Según el ministerio público, entre los condenados está: Alejandro Ernesto Rodríguez, con pena de 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, recibió 205; Celestino Vásquez Benítez, 195 y Douglas Alirio Alfaro Amaya, 105 años de prisión.
También fue sentenciado el cabecilla a nivel nacional de la pandilla 18, Erick Saúl Villalobos, quien deberá purgar una condena de 144 años de cárcel, incluido por su participación en un feminicidio.
PRINCIPALES CASOS DE CONDENAS
Juzgado impuso 50 años a nicaragüense por feminicidio
El nicaragüense Leonel Antonio Chávez Téllez, fue condenado a 50 años de prisión, por haber asesinado a su compañera de vida.
La víctima sufrió violencia psicológica y física de parte del imputado, así quedó establecido en el juicio por el crimen ocurrido en octubre de 2024, en el cantón El Niño, San Miguel. Téllez llegó al lugar donde estaba la víctima departiendo y la dirigió hasta una habitación en la que discutieron, posteriormente tomó un arma blanca con la cual la lesionó en diferentes partes del cuerpo. La víctima logró pedir ayuda, pero cuando llegaron a auxiliarla ya había fallecido.
Condenado a 37 años por cercenar manos a su pareja
En San Salvador, el Juzgado Especializado de Sentencia de la Mujer condenó a 37 años de cárcel a Erick Alexander Mejía, por intentar asesinar a su compañera de vida.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en el distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, cuando el feminicida atacó a la víctima con un arma blanca y le cortó las manos cuando ella se defendió de la agresión, además le provocó otras lesiones. El hombre también intentó agredir a sus dos hijos que lograron huir y alertaron a los vecinos y luego a la PNC.
Pasará preso 50 años por asesinar a su expareja
Wilson Sigfredo Mendoza Reyes, recibió una pena de 50 años por el feminicidio agravado de su excompañera de vida. El crimen ocurrió el 21 de octubre de 2023, en Ahuachapán, la asesinó por no haber estado en la casa cuando él llegó.
La víctima había salido al mercado y al regresar el imputado ingresó a la habitación y comenzó una fuerte discusión; la mujer le pedía que no le hiciera daño por los hijos que tenían en común; pero la lanzó a la cama y le disparó varias veces. Previo al hecho, ella había terminado la relación por violencia física, verbal y psicológica.
Recibe a 50 años por Intentar asesinar a expareja e hija
A 50 años de prisión fue condenado Milton Maximiliano Hernández Chávez, por intentar asesinar a su excompañera de vida y su hija de dos años.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, calificó el hecho como feminicidio agravado imperfecto o tentado. La Fiscalía General de la República, probó con la investigación que los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2024 en Santa Ana.
La víctima mantuvo una relación sentimental con Hernández Chávez, pero decidió terminarla porque el imputado ejercía violencia en su contra, pero él siguió insistiendo.
