Durante años el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado actos de corrupción en el sistema judicial salvadoreño.
Sin embargo, la decisión de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo al destituir y nombrar a cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ), para combatir la corrupción en el sistema judicial, no agradó al mismo Gobierno de EE. UU.
El pasado lunes, 16 días después que los diputados cambiaran a los cinco magistrados y al fiscal general, el Departamento de Estado de EE.UU. elaboró una lista de funcionarios a los que liga a supuestos casos de corrupción o narcotráfico. La lista fue enviada al Congreso, y sirve como un listado preliminar a la Lista Engel.
Desde el 1 de mayo varios funcionarios estadounidenses han condenado la decisión tomada por la Asamblea.
El martes 4 de mayo la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, reaccionó públicamente: «El Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación, la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia».
El miércoles 11 de mayo, el enviado especial del departamento de Estado Ricardo Zúñiga se reunió con el presidente Nayib Bukele.
Al día siguiente, el diplomático estadounidense declaró «es importante decir que no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea Legislativa, a nuestro criterio lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril».
Ante las declaraciones Bukele respondió por Twitter «Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones».
Respecto al tema, Rolando Castro dijo que las autoridades estadounidenses pretenden que el país vuelva a la corrupción institucionalizada al pedir que se restituya a los cinco magistrados de la CSJ y al fiscal general, quienes fueron destituidos de sus cargos el pasado 1 de mayo por la nueva Asamblea Legislativa.
«Este Gobierno llegó a hacer transformaciones. Queremos y respetamos a Estados Unidos, pero en El Salvador tenemos nuestro propio concepto de soberanía», añadió Castro.
El ministro aseguró que las decisiones tomadas recientemente son irreversibles y exhortó que dentro de ese tipo de informes se debe incluir a funcionarios que sí han sido procesados para que sea una investigación objetiva.
LISTA NEGRA
En 2018 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional que establece, que el Departamento de Estado debía hacer pública la lista negra de los corruptos del Triángulo Norte centroamericano vinculados a delitos de corrupción, financiamiento electoral ilícito o vínculos con el crimen organizado.
Desde el 2019 la lista de personas non gratas para Estados Unidos la encabeza el prófugo nicaragüense Carlos Mauricio Funes expresidente en el periodo 2009-2014 acusado de crear una red sofisticada para sustraer de Casa Presidencial más de $351 millones.
A Funes le sigue otro expresidente, Elías Antonio Saca, quien guarda prisión en el penal de Mariona, condenado por enriquecimiento ilícito por más de $300 millones.
Vinculados a Saca también se encuentran Élmer Charlaix, quien fungió como secretario presidencia; Julio Rank, secretario de comunicaciones; César Funes, secretario de la juventud; Francisco Rodríguez, secretario de finanzas; Pablo Gómez, asistente de finanzas y Jorge Herrera, tesorero.
En el caso del expresidente Saca, el jueves 29 de abril trascendió que la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria decidió quitarle dos años de cárcel a la condena impuesta por haber sobornado a una empleada judicial, esta terminará en octubre de 2026.
Este antecedente dará paso para que Saca pueda optar por el beneficio de la libertad condicional anticipada al cumplir la mitad de su condena (de 10 años al descontar los dos).
Saca puede solicitar un beneficio penitenciario para salir en octubre de este año, bajo el mandato de los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional que prohibió a los jueces de Vigilancia aplicar el artículo 39 f de la ley penitenciaria, que evitaba la libertad anticipada de reos condenados por los delitos de corrupción o delitos de lavado de dinero.
La lista esta completada por el exfiscal general Luis Martínez; el exalcalde de Apopa, Elías Hernández; el exdiputado del FMLN, José Luis Merino y su hermano Sigfredo Ismael Merino Cabrera.
