La máxima corte de Guatemala anuló el jueves la lista de candidatos a fiscal general, de la cual había sido descartada la poderosa titular del organismo, Consuelo Porras, sancionada por decenas de países que la acusan de corrupta, informó una fuente judicial.
La salida de Porras de la Fiscalía es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Pero la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) da un nuevo aliento a la fiscal, de 72 años, quien busca un tercer período pese a múltiples cuestionamientos.
Porras intentó impedir la toma de posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo hace dos años y sus acciones han llevado a prisión o empujado al exilio a exfuncionarios antimafia y periodistas.
La CC invalidó el listado de seis finalistas del cual Arévalo debía elegir al sucesor de Porras, a quien el mandatario acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
El tribunal tomó la medida al aceptar un amparo presentado por un integrante de la oenegé Fundación contra el Terrorismo, cercana a la fiscal, y ordenó a la comisión encargada de seleccionar a los aspirantes repetir el proceso de calificación.
«El amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida pone en evidencia que algunos se resisten a perder […]. Aliento a los comisionados a continuar con su tarea crucial para el futuro de Guatemala, no se dejen doblegar», reaccionó Arévalo en su cuenta oficial de X.
«La nueva lista debe […] dejar fuera a quienes han servido a la impunidad» y «a los operadores de intereses oscuros», añadió el mandatario.
MISMA OPERACIÓN DE 2022
Porras ha sido sancionada por unos 40 países, incluidos Estados Unidos y los de la Unión Europea, que la acusan de corrupta y de ser antidemocrática.
Además, relatores y especialistas de las Naciones Unidas la vincularon en febrero a casos de adopciones ilegales cuando gestionó un hogar estatal para menores en 1982.
Su reelección como fiscal en 2022 fue controversial, pues había queda do descartada entre los seis finalistas y la misma corte constitucional ordenó su inclusión por haber obtenido la nota más alta entre los aspirantes por su experiencia.
Según analistas, Porras, quien fracasó este año en su intento por llegar a una de las altas cortes, busca desesperadamente inmunidad frente a eventuales procesos judiciales si tiene que dejar el cargo el próximo 16 de mayo.
En este nuevo proceso la Comisión de Postulación, por orden de la CC, tuvo que introducir un nuevo parámetro sobre la experiencia profesional de los candidatos. Se excluyó el tiempo ejercido como juez para acreditar el del ejercicio dentro de la profesión de abogacía (con ciertas excepciones).
Los magistrados titulares de la CC que votaron en favor de anular la anterior nómina de postulantes, Roberto Molina Barreto, Julia Marisol Rivera Aguilar y Dina Ochoa Escribá, provienen de entidades afines al actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Wálter Mazariegos, quien es afín a Consuelo Porras.
