Ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, en el sur de México, en 2014, fueron detenidos y se encuentran en una prisión militar a la espera de que una jueza civil determine si se les abre proceso penal, informó un mando del Ejército.
Según el militar, que pidió el anonimato, los ocho uniformados presuntamente involucrados en el conocido caso Ayotzinapa siguen activos y fueron detenidos por solicitud de la Fiscalía Federal.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra 16 militares y poco después las retiró sin ninguna explicación.
Las acciones de la Fiscalía provocaron la renuncia del fiscal que llevaba el caso y fuertes condenas, tanto de los expertos internacionales que acompañan las pesquisas como del Centro Prodh de abogados de las víctimas que consideró que era una decisión arbitraria debido a «una intromisión ilegal» en las investigaciones.
Ahora esas órdenes de captura fueron reactivadas, pero solo fueron detenidos ocho miembros del Ejército mexicano, acusados por la Fiscalía de desaparición forzada, indicó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
«Hasta que se cumplan todas las órdenes y se les dicte formal prisión sabremos si esto va en serio», dijo el abogado. Si la Fiscalía logra enjuiciarlos, se abriría una nueva posibilidad de avanzar en la justicia, agregó.
La jueza que lleva el caso deberá decidir al respecto en los próximos días.
El 26 de septiembre de 2014, policías de la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes, aunque se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.
Según la actual Fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y presuntamente también en actividades posteriores de ocultación de datos y obstrucción de la justicia. Cuatro militares están procesados por el caso, pero se ha señalado que hay más implicados.
