El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, convocó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, el 3 de noviembre, para que rinda cuentas sobre la operación policial que se convirtió en la más mortífera en la historia del estado del Río de Janeiro, con 132 muertos, el martes pasado.
El gobernador debe entregar un reporte detallado sobre la operación Contención, definiendo «el grado de fuerza empleada y una justificación formal de su realización», indica un comunicado del tribunal.
Las autoridades explicaron, el día de la masacre, que la operación buscaba frenar al Comando Vermelho, la principal facción criminal del país.
El funcionario, además, debe compartir el número de agentes involucrados, las armas que se utilizaron y el número oficial de muertos, heridos y personas detenidas, ya que el Gobierno estatal confirmó 119 fallecidos, pero la Defensoría Pública indicó que eran 132 personas sin vida. Ambos coincidieron que entre los decesos había cuatro policías.
Otra solicitud del tribunal es informar si ha adoptado medidas para garantizar la rendición de cuentas en caso de posibles abusos y violaciones de derechos, «incluida la actuación de cuerpos forenses y el uso de cámaras corporales, así como la asistencia a las víctimas y sus familias».
Según el Gobierno de Río de Janeiro, la planificación requirió más de 60 días en los que se llevó a cabo la recopilación de información de inteligencia, estudios, cartografía y despliegue táctico de tropas.
El tribunal señaló que la exigencia del reporte fue una petición del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a una opinión favorable de la Procuraduría General de la República (PGR).
El requerimiento se enmarca en la Alegación de Incumplimiento de un Precepto Fundamental, una normativa en la que la corte estableció anteriormente un plan para reducir la letalidad policial y la instalación de cámaras en uniformes y vehículos policiales.
El Gobierno de Río aseguró que todos los agentes de la policía llevaban cámaras corporales.
El tribunal también convocó para el lunes al secretario de Seguridad Pública del estado, Víctor César Carvalho; al comandante de la Policía Militar, Marcelo de Menezes; al jefe de la Policía Civil y al director de la Superintendencia General de Policía Técnico-Científica.
Hay audiencias programadas para el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, el fiscal general de Justicia y el defensor público general del estado.
El miércoles, el gobernador Cláudio Castro se reunió con el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y anunció la creación de la Oficina de Emergencia contra el Crimen Organizado, que permitirá acciones 100 % integradas entre los organismos de inteligencia. «Este es el comienzo de una nueva era», afirmó.
Tras letal operación policial en Rio, la derecha impulsa mano dura en Brasil – Diario El Salvador
