El accionar de las pandillas está fuera de control en Honduras, dicen dirigentes del sector transporte, el rubro más afectado por el delito de la extorsión. Negocios y empresarios de autobuses son asediados por el cobro de la renta. Ahora, unidades de transporte urbano y suburbano suspendieron sus labores y se dirigieron en caravana hacia la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, exigiendo a la presidenta Xiomara Castro mayores acciones contra este delito y que haga frente a las pandillas.
El criminólogo Wilfredo Rubio pidió a la presidenta Castro declararle la guerra a las pandillas, como lo ha hecho El Salvador. «Estamos en un estado más que de emergencia, necesitamos que las autoridades comiencen a tomar cartas en el asunto», destacó Rubio en declaraciones compartidas por Radio América.
«Ya no aguantamos después de 25 años que nos han tenido de “rodillas”, ya no tenemos de dónde pagar y están surgiendo nuevos grupos criminales», comentó un transportista en Tegucigalpa al medio TN5.
El paro del servicio de varias rutas comenzó ayer a las 8 de la mañana, luego de no lograr un acuerdo con el Ejecutivo.
«El sector transporte levanta la bandera y dice: Ya basta. No tenemos más de dónde pagar, ya se ha derramado demasiada sangre de empleados y propietarios que no pudieron cancelar su unidad de transporte, este flagelo les quitó la vida», dijo el dirigente del transporte Wilmer Cálix, durante una entrevista en el Noticiero Hoy Mismo.
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), compartido en agosto, reveló que 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de actos de extorsión y cerca del 79 % de las denuncias atendidas por esta institución fueron registradas en los departamentos de Francisco Morazán (56%) y Cortés con el (23%). En adición, el 58 % de las víctimas de desplazamiento forzado por extorsión fueron comerciantes (33%), amas de casa (6%), transportistas (6%), mecánicos (5%), docentes (5%) y operadores de justicia (4%).
«Este es un cáncer que ningún Gobierno ha podido erradicar. Nos tienen a brazos cruzados, a manos atadas, no podemos ya. La extorsión ha llegado a un grado que no sabemos qué hacer, tocamos puertas, pedimos ayuda y no hay respuesta. Hemos tenido reuniones con funcionarios de seguridad y lo único que nos dicen es que no hay presupuesto», lamentó Kelly Zamora, otra representante del rubro.
Zamora señaló que ya han propuesto el bloqueo de los números telefónicos que no tienen registro y de la señal telefónica en los centros penales. «Todas las semanas envían un número diferente para que se pueda hacer el pago de la extorsión. No sabemos dónde acudir, todo se nos niega», profundizó.
