El nuevo jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna, en su primera conferencia de prensa, aseguró que se hará un análisis técnico y jurídico de la institución, para recuperar la credibilidad ante la ciudadanía. Además, anunció el cierre de la unidad especial contra la impunidad que llevó casos emblemáticos y polémicos durante la gestión de su predecesora Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países.
El mandato de Porras estuvo marcado por acciones para impedir la investidura del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y por procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados. Debido a ello, la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
«A partir del día de mañana [lunes] la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) entra en una etapa de liquidación» porque «lastimosamente ha perdido la credibilidad ciudadana», declaró García Luna en su primera rueda de prensa.
El funcionario consideró que esa unidad no está «cumpliendo» sus objetivos y afirmó que el cierre permitirá «revisar cada uno de los expedientes» para verificar si los casos estaban sustentados en argumentos sólidos.
Asimismo, anunció un «análisis» sobre la actuación de Porras y de «cualquier otro integrante» de la Fiscalía por la persecución impulsada contra opositores, «cumpliendo el principio de legalidad y objetividad».
El nuevo fiscal insistió en que la institución será independiente e imparcial, pues «no es un ente político, no representa a un gobierno, no responde a un proyecto partidario y no está al servicio de las intenciones particulares de ningún sector».
En un mensaje televisado, el presidente Bernardo Arévalo calificó la llegada de García Luna como «un cambio anhelado por todos» los guatemaltecos.
La salida de Porras «pone fin al secuestro» de la Fiscalía por parte de «redes políticas criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad», afirmó el mandatario, quien sostuvo que esa gestión causó «un profundo daño» al país.
Oportunidad de justicia
La misión de acompañamiento de la Unión Europea en Guatemala saludó en un comunicado la toma de posesión de García Luna y consideró que el relevo representa «una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización» contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil.
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger aliados y obtener favores políticos. La exfiscal, que fracasó en su intento de lograr un tercer mandato, sostiene que todas sus actuaciones estuvieron apegadas a la ley.
El cierre de la FECI marca un giro en la política judicial guatemalteca tras años de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre el uso de la Fiscalía para perseguir a críticos del poder. La unidad había encabezado investigaciones anticorrupción de alto perfil, pero durante la gestión de Consuelo Porras fue señalada por organismos internacionales y sectores civiles de participar en procesos selectivos.
