El juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, quien confirmó en enero de 2023 el laudo arbitral por 354 millones de dólares contra Continental Towers —empresa con operaciones en Centroamérica— ha enfrentado en su carrera cuestionamientos internacionales desde la Organización de las Naciones Unidad (ONU), desde un sector del gremio de abogados de su país, por sus nexos y vínculados a los beneficiados por sus resoluciones en el caso Towers y además por sus descalificaciones certificadas en el laudo contra las actuaciones de jueces y fiscales en El Salvador y Guatemala.
Su actuación no solo ha sido objeto de críticas. Previamente ha sido señalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por 68 premios Nobel y por organizaciones que agrupan a más de 500,000 abogados en 80 países.
La condena de la ONU
En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la Opinión No. 24/2021, en la que concluyó que el juez Kaplan incurrió en una “asombrosa demostración de falta de objetividad e imparcialidad” en el proceso contra el abogado ambientalista Steven Donziger, derivado del litigio Chevron–Ecuador.
El organismo internacional determinó que la detención de Donziger fue arbitraria, violó estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitó una investigación independiente sobre la conducta del juez. Entre los señalamientos se incluyó la admisión de testigos anónimos sin posibilidad de contrainterrogatorio y la designación de fiscales privados tras la negativa del Ministerio Público federal a continuar el caso.
Para expertos consultados, estos antecedentes adquieren relevancia al analizar la confirmación judicial del laudo que hoy impacta a una empresa con operaciones en ocho países latinoamericanos, incluida El Salvador.
68 premios Nobel y presión política
En mayo de 2021, por ese mismo caso, 68 laureados del Premio Nobel , de disciplinas como Paz, Economía, Medicina y Literatura, enviaron una carta al fiscal general de EE.UU. exigiendo revisar el proceso conducido bajo la jurisdicción de Kaplan .
La carta señaló posibles violaciones de derechos fundamentales y cuestionó que una corporación privada pudiera influir en la persecución judicial de un abogado que la había demandado. Legisladores estadounidenses también respaldaron la petición de revisión.
Aunque el caso Donziger es independiente del litigio Continental Towers, en un análisis jurídico de los casos se puede vincular el patrón de actuación del juez con su rol posterior en la validación del laudo arbitral que hoy genera repercusiones penales en El Salvador y Guatemala.
500 mil abogados y una queja sin precedentes
En septiembre de 2020, el National Lawyers Guild (NLG) y la International Association of Democratic Lawyers (IADL), junto con decenas de organizaciones de 80 países, presentaron una queja formal contra Kaplan documentando lo que calificaron como “impactantes violaciones del código de conducta judicial” , en el mismo caso Dozinger.
Entre los señalamientos se incluyeron: negación de juicio por jurado, nombramiento de fiscales privados vinculados indirectamente con la contraparte y restricciones al derecho de defensa. Dos ex jueces federales también cuestionaron públicamente el procedimiento.
Impacto en Centroamérica
Kaplán ha emitido juicios de valor descriminatorios contra las autoridades de justicia de El Salvador y Guatemala en medio del desarrollo del laudo arbital por Continental en donde calificó de “banana republic” los expedientes en los países centroamericanos.
Incluso las decisiones de Kaplan han querido ser impuestas en El Salvador y Guatemala para obligar a una de las partes a ceder sus acciones de Continental. Como respuesta, un juez penal guatemalteco decidió levantar la confidencialidad del arbitraje realizado en Nueva York, permitiendo que accionistas afectados en Continental Towers expusieran públicamente lo que considera irregularidades procesales.
En paralelo, autoridades salvadoreñas emitieron órdenes de captura internacional contra ejecutivos estadounidenses de la empresa TPG Pepertree (accionistas minoritarios del caso Continental beneficiados por Kaplan) vinculados a fondos adversarios en el litigio, lo que conecta directamente el laudo confirmado por Kaplan con procesos penales soberanos en la región.
El Ministerio Público de Guatemala ha advertido que ningún laudo arbitral extranjero puede limitar la persecución penal interna, marcando una tensión jurídica entre arbitraje internacional y soberanía judicial.
Un patrón bajo escrutinio
Documentos públicos también detallan vínculos históricos del juez Kaplan con el bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, firma que ha sido objeto de cuestionamientos tras revelaciones relacionadas con los archivos Epstein .
Si bien las conexiones institucionales no constituyen prueba de ilegalidad, los informes sostienen que configuran un entramado que, al menos desde la óptica de sus críticos, amerita revisión rigurosa sobre independencia e imparcialidad.
¿Crisis de legitimidad?
La serie de señalamientos descritos constituyen un severo cuestionamiento contra un juez federal estadounidense en funciones.
Actualmente, con un laudo multimillonario que impacta directamente en procesos penales en El Salvador y Guatemala, el debate trasciende el caso Donziger y se instala en el terreno de la confianza institucional.
Para juristas en la región, la pregunta ya no es únicamente si el arbitraje fue técnicamente válido, sino si el juez que lo confirmó arrastraba antecedentes internacionales suficientes para justificar un escrutinio más profundo.
El caso Continental Towers, que comenzó como una disputa corporativa, se ha transformado en un punto de fricción entre arbitraje privado internacional y justicia penal soberana en América Latina. Y en el centro de esa controversia ahora se encuentra el nombre de Lewis A. Kaplan.
