La Asamblea Nacional de Nicaragua anunció ayer la aprobación en Segunda Legislatura de la reforma de los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, con lo que quedó establecido que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir una extranjera. También se aprobó que «los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos».
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega y la copresidenta, Rosario Murillo, ordenaron una reforma constitucional para la eliminación de la doble nacionalidad para nicaragüenses en mayo pasado (en un acto oficial en conmemoración del natalicio de Augusto C. Sandino), pues aducen que no se puede ser leal a dos naciones. Esta busca frenar «injerencias extranjeras» y tiene un carácter «antiimperialista», dijeron.
«Nadie debe de servir a dos patrias», según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien afirmó que la medida no tiene carácter retroactivo, aunque es puesta en duda por opositores.
En 2023, el régimen despojó de su nacionalidad nicaragüense a más de 200 presos políticos a quienes envío al exilio a Estados Unidos.
En el limbo
¿Qué sucederá con propiedades, el ingreso al país o el derecho al voto? Es un tema que ha puesto en qué pensar a más de algún nicaragüense.
Quienes traten de ingresar al país centroamericano, después de ser publicada la reforma en La Gaceta (diario oficial), tendrían que hacerlo con la documentación del otro país del que poseen nacionalidad. Probablemente el régimen sandinista confisque la cédula, pasaporte y demás documentación nicaragüense, asegura Despacho505.com en un artículo.
De igual manera, la reforma «dificulta o incluso impide la realización de trámites notariales, la venta de propiedades o la reclamación de herencias, además de quedar sujeta a mayores cargas impositivas», explica el medio digital.
Los nicaragüenses que obtengan doble nacionalidad a partir de la entrada en marcha de la reforma perderán así sus derechos civiles y políticos, como el derecho al voto, ostentar un cargo público, perderán los beneficios de la seguridad social, entre otros.
