El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, criticó las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele al acusar al mandatario salvadoreño de violar los derechos humanos de miles de personas. Arias señaló que, bajo el régimen de excepción en El Salvador, miles de ciudadanos han sido encarcelados sin el debido proceso, algunos de ellos solo por tener tatuajes, y también remarcó su constante lucha por los derechos humanos, denunciando la falta de garantías que, según él, no existen en El Salvador, al señalar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como una «megaprisión» en la que se encarcelan a inocentes.
Arias ofreció estas declaraciones el mismo día que medios de Costa Rica informaron que el crimen organizado está cobrando una creciente preocupación entre los empresarios ticos, quienes enfrentan una dura extorsión que amenaza la seguridad y el bienestar económico de los costarricenses.
En Guanacaste, especialmente en las playas de Brasilito y Potrero, pequeños y medianos empresarios del sector turístico están siendo víctimas de un grupo criminal que exige pagos semanales de hasta $1,500. Esta extorsión está generando un clima de temor entre los comerciantes, que se ven obligados a cumplir con las demandas para evitar represalias.
La Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA) confirmó que la situación está siendo monitoreada por las autoridades, aunque las extorsiones continúan sin control. Los grupos criminales en Guanacaste, algunos de los cuales están relacionados con bandas autóctonas y otras células provenientes de la Gran Área Metropolitana, parecen estar tomando el control de varias zonas costeras, lo que ha afectado principalmente a restaurantes, hoteles, operadores turísticos y vendedores ambulantes.
Este escenario pone de relieve la falta de control del Estado costarricense ante el avance de las organizaciones criminales, cuyo modus operandi se ha expandido en otras zonas del país.
El hecho de que algunos delincuentes continúen operando desde las cárceles, dirigiendo sus acciones desde allí, subraya la magnitud del desafío que enfrenta Costa Rica para frenar el crecimiento de la violencia y el crimen organizado.
