El pasado sábado, la Policía retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio.
Las autoridades atribuyen los motines al reciente traslado de cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad.
«El ministerio (de Gobernación) ya está en el caso del secuestro de estas personas por estos grupos detenidos, y confiamos en que lo va a resolver como se han resuelto en los anteriores», dijo a periodistas el presidente Bernardo Arévalo.
El ministro del Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, precisó que los incidentes se registraron en la cárcel de Fraijanes, en un poblado aledaño a la capital, y en Boquerón, 65 km al este de Ciudad de Guatemala.
Los «secuestros ocurridos hoy (viernes) son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes» trasladados al penal de máxima seguridad Renovación 1, dijo el ministro.
«Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales», añadió en su cuenta de X, sin precisar el número de retenidos, entre los que hay guardias y personal de una empresa que suministra los alimentos a los reos.
Jiménez afirmó que a pesar de los motines, los líderes pandilleros permanecerán en la cárcel de máxima seguridad.
Los motines comenzaron después de que el 31 de julio cinco líderes de Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha fueron reubicados en Renovación I, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.
La pandilla Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última organización declarada terrorista por Estados Unidos- se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.
Esas bandas también operan en Honduras, mientras que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a miles de presuntos pandilleros amparados en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian una serie de detenciones arbitrarias.
