El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó este jueves al Ministerio Público (MP), con el que mantiene una guerra abierta, de interferir en el proceso para elegir a los magistrados del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).
Arévalo está enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y la consideran «corrupta» y «antidemocrática», tras intentar impedir la posesión del mandatario hace dos años.
El MP alegó el jueves que investigaba supuestas irregularidades en el proceso de votación y allanó los centros de votación ubicados en Club La Aurora y parque Erick Barrondo, en la Ciudad de Guatemala, donde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegían a sus representantes titular y suplente para la CC.
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El mandatario guatemalteco calificó en X el operativo como una acción «espuria» del MP para «interferir» en la elección y «amedrentar» a los votantes para «alterar» el resultado. Al cerrar la votación —que se vio interrumpida temporalmente por los cateos, el cacheo contra la presidenta del CANG y un corte de energía eléctrica debido a la explosión de un transformador cercano— el gremio escogió a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como una de los cinco integrantes de la corte constitucional, y a Luis Fernando Bermejo Quiñónez como su suplente.
«Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones (…). Ganaron los abogados honestos», señaló el mandatario en otro mensaje.
El presidente acusa a la fiscal, que finaliza su mandato el próximo 17 de mayo, de formar parte de un entramado que supuestamente ha puesto a la justicia al servicio de «criminales» y «corruptos».
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Porras, abogada de 72 años y quien rechaza las acusaciones del presidente, aspira a ser magistrada de la CC en representación de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), una elección que se definirá el próximo lunes.
Afirmó que quiere ser magistrada para garantizar la «correcta aplicación de la ley» y servir de «forma transparente, honrada» y «profesional».
Arévalo tiene derecho a designar al nuevo fiscal y a uno de los cinco magistrados constitucionales. La CC ha sido cuestionada por supuesta corrupción y extralimitarse en sus funciones.
