Este 30 de diciembre fue liberado el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, luego de cumplir 30 años de prisión en Cuba, en donde fue detenido y juzgado tras ser acusado como uno de los autores materiales de la serie de atentados ocurridos en hoteles de La Habana, perpetrados por grupos terroristas, liderados por el anticastrista Luis Posada Carriles, según dio a conocer el periódico cubano Gramma.
Luis Posada Carriles, de origen cubano y naturalizado venezolano, quien fue acusado de ser responsable de actos terroristas contra Cuba, falleció sin ser juzgado por sus crímenes. «Otros promotores del terrorismo contra la isla continúan disfrutando de impunidad en territorio estadounidense», publicaron otros portales de la isla.
Luis Posada Carriles fue protegido por los gobiernos de ARENA, además de otorgarle una identidad falsa como salvadoreño.
«La liberación de Ernesto Cruz León hoy es un ejemplo de la justeza del sistema legal cubano, que aplica las leyes de manera imparcial y coherente. Sin embargo, es necesario que la comunidad internacional exija responsabilidades a quienes promueven y financian acciones terroristas. La memoria de las víctimas de los atentados en hoteles de Cuba en 1997, como Fabio Di Celmo, nunca debe ser olvidada», agregó el artículo de Gramma.
Según las acusaciones contra el salvadoreño, el 4 de septiembre de 1997, Cruz León activó una bomba de alta potencia desde el baño del hotel Copacabana, y ese mismo día depositó otros dos explosivos, uno en el Chateau-Miramar y otro en el Neptuno-Tritón.
Debido a las tres explosiones resultaron 11 personas heridas, algunos de gravedad, y falleció una joven turista italiano Fabio Di Celmo.
Fua hasta 1999 cuando fue comprobado que Cruz León fue enviado a la Isla con fines terroristas por la FNCA y que junto a Luis Posada Carriles dirigían la red organizada que se estructuró en Centroamérica.
Fue entonces cuando el mismo Posada aceptó ante medios de prensa estadounidenses ser responsable de «cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana».
Por otra parte, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, de Cuba, dictaminó en 2010 la decisión de sustituir la sanción original de pena de muerte por el delito de terrorismo con carácter continuado, que había sido impuesta, por la de 30 años de privación de libertad.
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