La llegada de Juan Carlos Guzmán Berdugo, extraditado desde Costa Rica, es un paso más para el desmantelamiento de la red de corrupción que implementó durante su Gobierno el expresidente del FMLN Mauricio Funes Cartagena, protegido en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. A Mauricio Funes se lo acusa de haber desfalcado más de $350 millones del erario; es decir, dinero desviado a la corrupción y que dejó de ser utilizado para obras que beneficiaran a los ciudadanos.
Al igual que Funes, otros funcionarios de los gobiernos del FMLN también enfrentan la justicia, como Sigfrido Reyes, que usó la presidencia de la Asamblea Legislativa para desviar fondos que luego utilizó para convertirse en magnate inmobiliario. La tregua entre pandillas que implementó el Gobierno de Funes ha llevado a los tribunales a los exministros Benito Lara (Seguridad), Arístides Valencia (Gobernación) y David Munguía Payés (Seguridad y Defensa), por haber pactado con criminales. La tregua, junto con el tema de la corrupción, es uno de los lastres de las administraciones del FMLN, porque fue lo que potenció que las pandillas se fortalecieran durante varios años.
Precisamente, el origen del psicópata de Chalchuapa, responsable de decenas de homicidios, se da en ese tiempo, cobijado por la protección que el FMLN daba, desde el Estado, a criminales.
Desde la Sala de lo Constitucional recientemente sustituida también protegieron a criminales con fallos que acabaron en el recorte de la pena al expresidente de ARENA Elías Antonio Saca. Se trata de sentencias que garantizaron la impunidad con el argumento de la protección de los derechos humanos de criminales. Ese es un estribillo que escuchamos continuamente para favorecer el cometimiento de delitos, pero que se dejó de lado durante la pandemia.
Los magistrados sustituidos no respetaron los derechos humanos de los ciudadanos cuando ordenaron vulnerar los derechos a la salud y a la vida al suspender las medidas para prevenir la expansión del coronavirus hace un año, al inicio de la crisis sanitaria. La nueva Asamblea Legislativa comenzó un proceso de reestructuración del Estado que ha permitido, gracias a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, garantizar, por ejemplo, el derecho al voto de los salvadoreños en el exterior, algo a lo que se opusieron sistemáticamente desde sus fracciones ARENA y el FMLN y que fue avalado, por omisión, desde el Órgano Judicial al no exigir el cumplimiento pleno de una sentencia que obligaba a crear una legislación. No será hasta hoy que se verá la justicia para estos compatriotas a los que se les había negado la participación política.
Sin duda, estamos ante el desmantelamiento de las viejas estructuras de poder y corrupción y presenciamos la reconstrucción del Estado en función del beneficio de las mayorías.