Para la abogada y analista política, Tahnya Pastor, las detenciones de cinco exfuncionarios del FMLN que realizó ayer la Policía Nacional Civil (PNC) no constituyen un acto de ilegalidad y tampoco se trata de una violación de los derechos humanos, como el mismo partido de izquierda y otros sectores de la sociedad han planteado.
Con respecto al procedimiento con el que se llevaron a cabo las detenciones, Pastor señala que los investigadores policiales vestidos de civiles están facultados para realizar dicho procedimiento. Además, reiteró que el discurso del FMLN y de sectores de la sociedad que condenan estas detenciones busca esconder los actos de corrupción por los que son acusados los exfuncionarios.
«Mucha atención, una detención NO ES ilegal porque sean «personas» vestidas de civil las que ejecuten las capturas. Se llaman investigadores y nunca visten uniforme policial. Muchos emiten un discurso que intenta generar opinión internacional de violación al debido proceso, lo cual es completamente falso. Estas capturas son idénticas a cualquier otra captura en el pasado, con la diferencia que antes sólo capturaban a «Juan Pueblo». Ya será el juez el que valore los arraigos individuales y decida si continúan el proceso en libertad o detenidos», señala Pastor desde su cuenta de Twitter.
La abogada enfatizó en que «no existe violación de derechos humanos por girar órdenes administrativas de detención en ejercicio de la función Constitucional del art. 193». «Insisto, es discurso político con expectativa de generar opinión errada sobre los acontecimientos. Esto es deuda histórica de justicia», agregó.
Ayer por la noche, la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron a cinco exfuncionarios del FMLN implicados en supuestos actos de corrupción en las administraciones del expresidente asilado en Nicaragua, Mauricio Funes y el exmandatario, Salvador Sánchez Cerén.
Entre los arrestados de la denominada «Operación Desfalco» está la exministra de Salud, Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal e hija del fundador del partido de izquierda, Schafik Hándal; Calixto Mejía exdiputado y exviceministro de Trabajo, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
La Fiscalía anunció también que el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, son algunos de los exfuncionarios contra las cuales se solicitará a las autoridades de Interpol una difusión roja. También se emitirá la difusión roja contra Lina Pohl, exministra del Medio Ambiente y Guillermo López, exministro de Agricultura.
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén recibió hasta $530,000 en concepto de bonificaciones extra a su salario como vicepresidente de la República, durante la gestión de Funes. En el caso de Gerson Martínez, se le acusa de recibir $290,000 aparte de su salario como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Lina Pohl, según la Fiscalía, recibió $177,000 aparte de su salario como funcionaria pública encargada de la cartera de Medio Ambiente, mientras que Guillermo López recibió $565,000 además de su salario como funcionario público.