La justicia argentina dictó este miércoles prisión perpetua para diez acusados por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983) en el cuartel militar de Campo de Mayo contra 350 personas, entre ellas mujeres embarazadas y obreros de la multinacional Mercedes Benz.
Los condenados, exmilitares y policías, fueron encontrados culpables de homicidios, secuestros, tormentos, violaciones y allanamientos ilegales.
Conocida como «Megacausa Campo de Mayo», el juicio unificó once causas de hechos ocurridos en este cuartel militar por el que, según el alegato de la fiscal Gabriela Sosti, pasaron unos 6,000 prisioneros de los cuales sobrevivieron menos de 60.
En Campo de Mayo, un predio de 4,000 hectáreas, funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y fue la sede de la Zona de Defensa IV, que controlaba el norte de la periferia bonaerense hasta la ciudad de Zárate (a 90 km).
La lectura del fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín fue seguida por los acusados por videoconferencia, mientras que la sala de audiencias estuvo colmada de familiares de víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos.
Entre las 350 víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron robados. En Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina, similar a la que hubo en la que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde mujeres embarazadas y detenidas ilegalmente daban a luz en condiciones infrahumanas antes de ser desaparecidas.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que en la dictadura unos 400 bebés nacieron en cautiverio y fueron entregados ilegalmente a otras personas. De ellos, 130 han recuperado su identidad.
La lista de víctimas también incluyó a numerosos obreros y delegados sindicales de fábricas ubicadas en el cordón industrial del norte de Buenos Aires, entre ellas la siderúrgica Dálmine Siderca y las automotrices Mercedes Benz y Ford.
Durante el juicio, que comenzó en 2019 y se realizó en gran parte en forma virtual por la pandemia, se escucharon a más de 300 testigos. Se inició con 22 imputados, de los cuales dos fallecieron durante el proceso y uno fue apartado por enfermedad irreversible. La mayoría ya había sido condenada en otros juicios por crímenes de lesa humanidad.