Los fondos para la contratación de los millonarios servicios de seguros de vida y médicos en la Corte Suprema no le ha significado a la corte incrementar su presupuesto, pues lo que hicieron fue destinar recursos de otros proyectos –como la construcción de edificios– para asegurar estos contratos.
Sindicalistas de este órgano justifican que con ello se “beneficia” a los más de 10,000 trabajadores, sobre todo, a quienes tienen padecimientos crónicos que difícilmente pueden ir a perder todo el día a la espera de ser atendidos en el sistema tradicional.
«Nosotros suscribimos un contrato colectivo, y una de las cosas que garantizamos fue el seguro. No se tuvo que pedir refuerzo presupuestario, lo que se tuvo que hacer en aquel momento fue sacrificar algunas partidas que, por cierto, estaban elevadas que es la construcción de edificios. Se sacrificaron esas partidas y no se construyeron edificios y tuvieron la plata para darnos el seguro en el próximo ejercicio fiscal. La CSJ tiene como mínimo presupuestariamente según la Constitución el 6% (del presupuesto) y no ha habido necesidad de andar pidiendo ningún refuerzo», comentó Solórzano.
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Los sindicalistas explicaron que la contratación para la cobertura de estos servicios médicos hospitalarios en establecimientos privados sería de $11 millones, pero que dependiendo la siniestralidad podría aumentar o bajar el costo.
Sin embargo, la Corte dice que el desembolso para los seguros es obligación del Ministerio de Hacienda, ya que, basándose Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, le corresponde «recaudar mensualmente los fondos productos de los pagos de los diversos impuestos y luego transferirlos a las instituciones, en este caso al Órgano Judicial, para el pago de las obligaciones».
Para el último año, la Corte invirtió $6,726,057.00 en seguros médicos, mientras que para el 2019 fue $5,526,015.00 y en 2018 pagó la cantidad de $5,098,066.00.