Un decreto promovido y negociado por Rodolfo Párker en 2018 y luego aprobado y sancionado por ARENA, el FMLN y el Gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén permitió a un puñado de empresas evadir el pago de $280 millones, al suspender las auditorías que estaban en proceso por los impuestos de unos años atrás.
¿Cómo fue posible que diputados que supuestamente eran de diferentes signos ideológicos se pusieran de acuerdo en un tema como este? Y, sobre todo, ¿cómo fue posible que el gobierno de entonces no haya hecho nada para evitar esa importante merma en los ingresos tributarios? Es decir, el expresidente Sánchez Cerén no solo no observó o vetó el decreto, sino que lo mandó a publicar sin haber consultado a su ministro de Hacienda.
Sin duda son demasiadas preguntas sin respuesta, las cuales apuntan a que se trató de una operación ampliamente articulada que dejó ganancias a varios, no solo a los que se ahorraron el pago de los impuestos, sino a aquellos que, solícitos, aprobaron ese favor.
La nueva Sala de lo Constitucional admitió un amparo promovido por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y declaró inconstitucional el decreto de Párker, por lo que obligó a reanudar las auditorías y, de esa manera, abrió la puerta para que se recuperen esos $280 millones.
Son fondos arrebatados directamente de la corrupción para que sean puestos al servicio de los ciudadanos. Y lo mismo sucede con los fondos que dejarán de ser entregados a las ONG de fachada.
El nuevo presupuesto general de la nación ya no contempla las trasferencias de $279 millones para el activismo político de las ONG y fundaciones ligadas a ARENA y al FMLN. Se trata, entonces, de fondos que ahora estarán al servicio del desarrollo nacional, no para fortalecer los viejos partidos políticos.
En pocas palabras, con solo estas dos acciones, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha recuperado $559 millones apropiados por los grupos que ahora se rasgan las vestiduras y gritan «dictadura», precisamente porque dejarán de recibir esos fondos.
La mayoría de los salvadoreños tomó la decisión de cambiar la política y, con ello, el rumbo del país, lo que implica amplias transformaciones para cuya implementación nunca había habido voluntad ni valor.
Ahora vemos que los que tradicionalmente se beneficiaban del viejo sistema político se oponen a su desmantelamiento. Añoran la corrupción que les permitía llevarse a los bolsillos millones de dólares, pero esos tiempos ya pasaron y no volverán.