Raúl Castillo, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, considera que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha jugado un «papel pasivo» para auditar los $200 millones que las alcaldías recibieron para atender la pandemia de la COVID-19. Por tanto, consideró que era necesario darle al Ministerio de Hacienda las herramientas legales para que indague el uso y destino de esos recursos públicos.
El legislador contó que el Ministerio de Hacienda hará las auditorías en tres meses, luego de que el Legislativo dio el aval vía reforma de ley, y todos los hallazgos serán certificados a la Fiscalía General de la República (FGR) y reportados a la CCR para que cada instancia, con base en sus competencias y facultades, inicie los procesos penales o administrativos.
¿En qué consistió el dictamen favorable 77 que la comisión de hacienda sometió a votación del pleno en la última sesión plenaria?
Es importante dar pasos correctos para erradicar la corrupción. En ese sentido, la Asamblea Legislativa facultó, a través de ese decreto, al Ministerio de Hacienda para auditar $200 millones que se les asignaron a los alcaldes en la época de la pandemia. El Ministerio de Hacienda va a auditar a las 262 alcaldías. Si hay indicios de corrupción, ha quedado facultado para emitir una resolución y certificar a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas, para que estas dos instituciones vean y articulen esfuerzos para que, si ha habido algún delito, si ha habido malversación, si estos fondos no se utilizaron en lo que se debía, se investigue y se llegue a deducir quiénes son los culpables.
¿Cómo fue el proceso de formación de ley?
El ministro de Hacienda nos trajo la iniciativa, la recibimos y la discutimos en la comisión de hacienda. En la comisión no tuvimos los votos de ARENA [para emitir el dictamen favorable] para que se hiciera esta auditoría. En el pleno, ARENA y el FMLN se abstuvieron [de votar]. ¿Por qué ARENA y el FMLN se abstienen de apoyar la auditoría? Obviamente, la mayoría de las alcaldías de El Salvador estaban en manos de esos dos partidos. Nosotros vemos este elemento que es recurrente y repetitivo: ARENA y el FMLN no participan en toda iniciativa que va en contra de la corrupción, que busque auditar y que nos dé transparencia. En todo lo que ellos consideran que les va a sacar a la luz sus actos de corrupción, ARENA y el FMLN se abstienen.
Ellos se abstienen de votar. Ya lo vimos en la sesión plenaria donde se abstuvieron de votar las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Ellos abiertamente dijeron que no apoyaban esta iniciativa con la que queremos depurar el sistema de justicia, donde la corrupción ha estado metida por décadas. Tampoco apoyaron la iniciativa de reforma al artículo 32 al Código Penal, en la que vamos a declarar que los delitos por corrupción no prescriban.
¿Hay pruebas fehacientes de que los recursos han sido mal utilizados en las alcaldías?
Nosotros como diputados vemos las carencias en las comunidades. Tenemos claros ejemplos de que la ayuda que muchos alcaldes le hacían llegar a la población consistía únicamente en un poquito de alcohol en gel, en una bolsita de charamusca, y una mascarilla. Otro claro ejemplo es sobre casos de algunas alcaldías donde el valor de los productos que compraron en el tiempo de la pandemia se incrementó hasta cinco veces en su valor normal.
Hay alcaldías que nosotros consideramos que cometieron algunos errores. En Usulután hay una municipalidad que en la época de la pandemia, en lugar de atender el llamado de la población, se puso a reconstruir la alcaldía y a hacerla de dos niveles y con un ascensor. En Santiago de María, específicamente.
Ese tipo de cosas no son coherentes con la época que estamos viviendo, porque debieron atenderse las necesidades de la población más vulnerable. Todo esto nos encendió las alarmas; por lo tanto, el Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa poder realizar una auditoría, específicamente de estos $200 millones. Es muy importante que se lleve a cabo para investigar el destino de estos recursos que le pertenecían al pueblo.
¿Cómo se explica el hecho de que se requiera de un decreto transitorio y excepcional para auditar a las alcaldías a pesar de que esa debería de ser una atribución de la Corte de Cuentas de la República?
Tenemos que mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado con lo que ha ocurrido en la Corte de Cuentas. El expresidente [Elías Antonio] Saca obtuvo un finiquito y ahora está juzgado por haberse apropiado más de $300 millones. Muchos exfuncionarios de ese gobierno que están viniendo a la comisión [especial] por sobresueldos también recibían jugosas cantidades de la partida secreta y obtuvieron esos finiquitos. Entonces, la Corte de Cuentas no nos da mucha claridad.
Hubo una lentitud [de la Corte de Cuentas] y en ese sentido consideramos que el Ministerio de Hacienda puede jugar un papel fundamental para acompañar lo que debió haber hecho la Corte de Cuentas. No entendemos por qué motivos [en la Corte de Cuentas] no se le dio celeridad al proceso [de auditoría de las alcaldías], pero sí se le ha dado celeridad a la auditoría del Gobierno. El Gobierno, en cada una de sus instituciones, ha sido auditado hasta en un 75 %, mientras que las alcaldías no eran auditadas.
¿Hacienda usurpa funciones de la Corte de Cuentas con este decreto?
De ninguna manera. El Ministerio de Hacienda tiene exactamente sus facultades y puede exactamente realizar estas auditorías. Lo que no puede es dar como el paso directo de judicializar los casos, porque ya eso le compete a la Fiscalía General de la República. Por eso Hacienda va a emitir dos resoluciones certificadas: una a la Fiscalía y la otra a la Corte de Cuentas.
El partido ARENA y el FMLN argumentaban que se estaban usurpando funciones de la Corte de Cuentas. De ninguna manera es así. De hecho, Hacienda sí tiene presencia en todas las municipalidades y tiene a cargo un supervisor, pero este no puede llegar a hacer una auditoría como tal. Pero ahora nosotros como Asamblea Legislativa, a través de este decreto y ante la falta de atención de la Corte de Cuentas para auditar a las alcaldías, facultamos al Ministerio de Hacienda para que refuerce este elemento, que es bien importante.
¿Tienen confianza en el trabajo que ha hecho la Corte de Cuentas de la República?
La Corte de Cuentas ha tenido un papel pasivo, totalmente pasivo en este sentido. Particularmente nos llama la atención un elemento: uno de los periódicos que es afín a la oposición lanzó una nota periodística donde el presidente de la Corte de Cuentas señala que va a investigar a sus mismos auditores porque parece que han estado favoreciendo a alcaldías. Esto me parece muy peligroso porque creo que, si el ministro de Hacienda nunca hubiera presentado esta iniciativa de auditar a las alcaldías, el pueblo salvadoreño se habría quedado sin conocer la verdad del uso de los fondos y los exalcaldes habrían obtenido su finiquito [de la Corte de Cuentas de la República].
Nosotros esperamos que la Corte de Cuentas reaccione ante esta auditoría que va a hacer el ministro de Hacienda y que al final podamos tener este comparativo y ver en realidad quién hizo su trabajo. Después, la Asamblea Legislativa podrá [ver], a partir de estas valoraciones y resoluciones, si se está haciendo un trabajo efectivo o no, y se tenga que hacer o se tenga que tomar cualquier decisión.
¿Qué mensaje les da a los sectores que se oponen a que el Ministerio de Hacienda audite a las alcaldías?
Creo que no puede haber sectores que se opongan a que se transparente el uso de los recursos públicos. Yo creo que quienes se oponen son aquellos que tienen el temor de ser descubiertos en alguna maniobra corrupta. Creo que los únicos que se pueden oponer son ARENA y el FMLN, porque tienen evidentes intereses, que son proteger a sus alcaldes, que son los que administraron estos recursos, y segundo, protegerse ellos en sus campañas políticas.
La tradición de los políticos salvadoreños de la anterior Asamblea Legislativa era favorecer a los alcaldes para que estos alcaldes los remuneraran en la época de la campaña [electoral]. Pero ese tipo de prácticas se acabó.
Creo que el que nada debe nada teme. Si los alcaldes de ARENA y del FMLN robaron, tengan en cuenta que la justicia irá por ellos. Ahora tenemos de verdad una claridad de que el sistema judicial va a comenzar a funcionar, ahora no van a poder comprar jueces corruptos, ahora no van a poder comprar las sentencias de la Sala. Únicamente tendrán temor aquellos corruptos que se apropiaron de los fondos públicos y que quitaron el desarrollo a sus municipios.